Se ha cumplido el primer año de una legislatura histórica por muchas razones, siendo la principal su carácter auténticamente popular: por primera vez la mayoría de los diputados y senadores emanan de un movimiento que abandera las causas sociales que el pueblo de México ha reclamado por décadas.

El repaso de estos doce meses arroja un saldo mayormente positivo, con un ritmo de trabajo vertiginoso, no exento de algunos tropiezos pero cuyo talante renovador y democratizador no puede ser negado por nadie.

No obstante, las fuerzas políticas y económicas que se oponen a la Cuarta Transformación han buscado por todos los medios agruparse y presentar un frente común luego de que la locomotora de Morena los arrollara el 1 de julio de 2018, dejándolos derrotados y dispersos. Y aunque en el plano electoral van de una pifia en otra, inventando partidos y membretes llenos de puro cartucho quemado, aún persiste un obstáculo formidable para este proceso de regeneración de la vida pública de nuestro país.

El Poder Judicial se ha convertido en el último reducto de las fuerzas reaccionarias que se niegan a aceptar el resultado electoral que los aplastó hace más de un año. Expulsados del Poder Ejecutivo, mermados hasta la lástima en el Congreso, los intereses contrarios al pueblo de México se han atrincherado en los tribunales, donde jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se han convertido, con excepciones honrosas, en abogados del diablo, operando como ventanilla de trámites para la derecha que intenta sepultar a la 4T bajo una lluvia de amparos, judicializando cada paso que da el Presidente López Obrador para buscar entorpecer la marcha de este gobierno.

Han podido hacerlo porque a diferencia de los otros dos poderes de la Unión, el Judicial no está sujeto al voto popular, que si así fuera hace mucho tiempo sus actuales integrantes habrían sido removidos por la via electoral como se hizo con el Ejecutivo y el Legislativo.

Ahí es donde cobra su mayor relevancia la iniciativa presentada ayer por la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, en voz de la diputada veracruzana Raquel Bonilla. Se reconoce la urgente necesidad de democratizar al único poder que ha sido refractario a la marea democrática, pero al mismo tiempo se deja en claro que todo esfuerzo en ese sentido se hará estrictamente dentro de los confines que prevé la ley y respetando en todo momento la división de poderes.

Porque a diferencia de las voces exaltadas de izquierda que piden -¡exigen!- la “destitución” de los magistrados y jueces no afines al movimiento, y a diferencia de las mentiras de los opinólogos de derecha que acusan “autoritarismo” y “avasallamiento” de AMLO, la diputada Bonilla esgrime un argumento sólido como una roca e inatacable desde cualquier ámbito: la paridad de género es un principio consagrado en la Constitución y en el Poder Judicial tristemente no es una realidad sino sólo un buen deseo.

Desde mayo de este año se incorporó en la Carta Magna el principio de paridad de género: igualdad de acceso para las mujeres a puestos y cargos en el servicio público hoy acaparados por hombres. ¿Cuál es la realidad en el Poder Judicial? Demoledora: de 11 ministros que integran la Suprema Corte, sólo 2 son mujeres; en el Consejo de la Judicatura Federal sólo 2 de sus 7 integrantes son de sexo femenino, y en los juzgados y tribunales el porcentaje de mujeres no rebasa el 25%.

“La inclusión es clave para avanzar en la construcción de sociedades más democráticas”, afirmó Bonilla en su intervención en tribuna al presentar la iniciativa. Y en efecto, porque promover la inclusión en el Poder Judicial también es una ventana de oportunidad para inyectar aire fresco, vientos de democracia, a ese poder que hasta hoy se ha sustraído a ellos.

¿Qué opina usted, amigo lector?