El comunicado de prensa No. 36 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), de esta tarde, 12 de abril de 2018, informa lo siguiente en su encabezado: “Autoridades educativas del país consideraron importante que la próxima administración mantenga a la evaluación como herramienta fundamental para mejorar la educación”.
Al leerlo y releerlo pienso que el órgano autónomo, responsable de la evaluación educativa en México, inicia un proceso de “politización”. ¿Será?
Sin embargo, considero que este razonamiento parece contradictorio. Decir que la institución pública, rectora de la evaluación educativa, como política de Estado, inicia un proceso de “politización” es, además, una afirmación redundante, porque una política de Estado es, en sí misma, una decisión que se asume desde el poder político sustentado en la ley.
En el cuerpo del comunicado, se afirma lo siguiente: “En la reunión de trabajo presidida por los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero – presidente-, Sylvia Schmelkes del Valle, Teresa Bracho González y Margarita Zorrilla Fierro, los responsables de la educación pública también destacaron la relevancia que ha tenido la evaluación en los trabajos para contar con mejores docentes.”
¿Por qué este pronunciamiento, y en esos términos? ¿Cuál es la intención política del INEE y demás funcionarios de los gobiernos federal y estatales, al enviar este mensaje hacia la opinión pública y hacia la sociedad? ¿A quién le hablan; cuál es su interlocutor político? ¿Cuál es la preocupación implícita de los miembros de la junta de gobierno del INEE y de las autoridades educativas, que los ha llevado a redactar este pronunciamiento? ¿Acaso no vivimos en un Estado de derecho en el cual prevalecen las instituciones? Implícitamente o entre líneas, el mensaje parece indicar, sin embargo, que no es así.
El estilo de la redacción me recuerda aquellos desplegados que publican en prensa los “Abajo Firmantes”: La petición principal de los pontífices de la evaluación educativa en México es simple y llana: “…que la próxima administración mantenga a la evaluación…”
Pero la afirmación sobre el proceso de “politización” de la evaluación educativa, podría no ser tan contradictoria, sobre todo si revisamos el siguiente texto de la Mtra. Diana Carbajosa, y lo situamos en el contexto de la disputa por la hegemonía de la educación en México: “…en nuestro país existen investigadores y organismos que tratan temas de evaluación desde una perspectiva conductista y funcionalista. Uno de éstos, quizá el más conocido, se autodefine como “órgano eminentemente técnico”, dedicado al diseño de pruebas y medición de resultados de exámenes en distintos niveles escolares: el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), cuya influencia se ha ido incrementando de manera importante; además hay otras agencias gubernamentales, como el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), orientadas al mismo fin.” (1)
Ya en otro comentario, que hice sobre este mismo tema y en este mismo espacio (ver: SDP Noticias, “Ideología, Currículum y Evaluación Educativa”, 10 de nov., 2017), decía que las personalidades responsables de la definición y operación de las políticas públicas educativas en México (y en todo el mundo, prácticamente), no pueden ser ajenas a posiciones ideológicas y políticas. Y que por ello la evaluación educativa no podía ser “neutra”. Justamente por esa razón me parece ridículo que, políticos y tecnócratas, por igual, (como ha sido el caso del Mtro. Aurelio Nuño), llamen a “no politizar” los procesos de la educación pública o de la evaluación educativa.
El asunto va más allá de consideraciones metodológicas. Éste es un asunto que tiene un fondo epistemológico y eminentemente paradigmático (en el sentido que lo sugiere T. Kuhn). Veamos: “…el paradigma positivista es el que predomina en la evaluación de la educación cobijado por un manto de cientificidad que se presenta como implícitamente válido y, por tanto, como “libre de toda sospecha”, de incertidumbre, inadecuación o parcialidad.” (Carbajosa, 2011, p. 186)
La evaluación, por lo tanto, como ocurre en muchos otros ámbitos del Estado, se ha elevado, de manera interesada, como el instrumento, el medio o el procedimiento supremo de las políticas públicas (bueno, para matizar: una forma específica o muy particular de ejercer la evaluación es la que domina). En México, la evaluación educativa, en particular, fue elevada a nivel de política de Estado al alcanzar rango constitucional, en 2012-2013, como parte de la Reforma Educativa (dentro del paquete de reformas estructurales), del actual sexenio peñista 2012-2018.
Pero, ¿qué hay detrás de estas “maneras interesadas de actuación”? “La evaluación también está condicionada por grupos de interés que imponen su criterio para evaluar en todo el mundo occidental. Se trata de poderosas agencias internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), todas ellas ubicadas en el paradigma positivista. El aspecto de su propuesta que causa mayor controversia es el que reduce el concepto de evaluación al de medición de resultados. Además de las grandes agencias existe también lo que Ian Shaw denomina la “clase dirigente” de la evaluación:” En esta parte coincido totalmente con la interpretación que nos comparte la Mtra. Carbajosa.
Así continúa su texto la investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM: “En ella (se refiere a la evaluación y cita a I. Shaw) se incluyen quienes se amparan bajo el manto de la primera generación de teóricos de la evaluación, configuran los planes evaluadores de los gobiernos o llegan a ser presidentes de la American Evaluation Association. La alta jerarquía de la evaluación tiene el poder de influir en la postura mayoritaria dentro de la práctica de la evaluación para excluir ciertas formas de la evaluación cualitativa, argumentando que la evaluación necesita “unos criterios de calidad y de práctica que tengan sentido en todo el campo” (Shaw, 2003)… “El argumento no es más que una justificación de su función rectora, mientras que el efecto que produce es el de validar una perspectiva a expensas de otra hasta lograr su exclusión.”
Si este pronunciamiento de los responsables de la educación y la evaluación educativa en nuestro país, no tiene una intención política, es decir, si no es efectivamente el inicio de un proceso de “politización”, ¿entonces qué es? Esa es, en todo caso, la interrogante que me genera el comunicado de referencia.
De cualquier manera, si es o no es así, queda pendiente la revisión del discurso de los jerarcas de la evaluación educativa en México, sobre todo en la manera en que recientemente han fijado posiciones (¿”manipuladoras”?) del tipo: “Si no continúa la reforma educativa, se va a generar un caos”… ¿Es eso cierto, o de plano ya están en campaña política?
Nota:
(1) Diana Carbajosa. (2011) “Debate desde paradigmas en la evaluación educativa”. Perfiles Educativos, vol. XXXIII, núm. 132. IISUE-UNAM.