Hay mucho ruido alrededor de la iniciativa que prepara el senador Ricardo Monreal sobre la regulación de las redes sociales. Aun sin que se den a conocer los detalles del documento que se trabaja con el aval del Presidente, expongo algunos de los temas que los legisladores, además de responder, deberían debatir junto con distintos sectores de la sociedad.

1.- El Gobierno no puede ser el regulador

Los tiempos en donde las redes sociales fueron usadas por ciudadanos para intentar democratizar a sus países quedaron atrás y la tendencia, a nivel global, es el uso que le dan los gobiernos a estas plataformas para vigilar a su población. El discurso que usan los Estados represores no es nuevo, pero se adapta al nuevo ecosistema de medios y radica en el intercambio del derecho a la privacidad por uno “mayor”: el de la seguridad. La renuncia de facto a alguno de los dos no responde a un régimen democrático y la promesa termina siendo una falacia para conservar el poder.

Ante este panorama, el Gobierno mexicano mandaría un pésimo mensaje si pretende que el nuevo ente regulador quede bajo el paraguas de la administración pública federal. En todo caso se podría usar la figura de órgano autónomo constitucional pero dicha configuración ha sido repudiada por el Presidente. Cosa de ver la animadversión del mandatario hacia el Instituto Nacional Electoral, al Banco de México o al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿el senador Monreal se atreverá a ponerle un contrapeso más al habitante de Palacio Nacional?. No parece que esa sea la encomienda/instrucción.

2.- Representación jurídica.

Una de las principales estrategias que las big tech implementan para evadir la ley es afirmar que no cuentan con una representación legalmente constituida en los países en los que operan. A pesar de tener oficinas en las ciudades más importantes de todo el mundo, como lo hacen en la Ciudad de México, las empresas tecnológicas se mantienen firmes en que, tanto las personas, como instituciones o gobiernos, deben interponer recursos y quejas a través de sus sedes, la mayoría de ellas en Estados Unidos.

Con ello, además de escurrirse del marco legal del país en el que se establecen físicamente, buscan sacar y llevar los litigios a un ambiente que les suele favorecer. Bajo esta dinámica, ¿la iniciativa obligará a todos los corporativos a mantener una representación legal en el país?. Hay un precedente que puede servir a los senadores sobre la complejidad del tema. Se trata del abogado mexicano Ulrich Richter quien le ha ganado varios rounds a Google en suelo mexicano a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3.- Invocar a los nuevos tribunales

Establecer un proceso en donde se puedan impugnar decisiones de un privado o de un Estado en el nuevo ecosistema de medios implica abrir la nueva brecha para la protección y defensa de los derechos digitales y, por supuesto, una figura que dirima las controversias y sea la voz última en las mismas.

Una de las estrategias de las big tech ha sido generar sus propios mecanismos de control. Facebook, por ejemplo, mantiene un “tribunal” o junta especializada que supuestamente corre de manera independiente al corporativo. Ahí un grupo de expertos en este momento está analizando la suspensión definitiva de las cuentas del ex mandatario estadounidense Donald Trump.

La empresa de Mark Zuckerberg sostiene que las decisiones de este grupo son vinculantes por lo que, si en ese espacio se determina que hubo una mala praxis, le tendrían que devolver al magnate su cuenta. Sin embargo, la autorregulación parece más una coartada estratégica por parte de las big tech pues, aun con observación de la sociedad civil organizada, estos “tribunales” no responden a ninguna legislación y terminan fungiendo como instituciones fachada que se activan para un control de crisis corporativo. ¿el senador contempla nuevos tribunales para impartir justicia a los mexicanos agraviados?

4.- El falso debate de la libertad de expresión.

Es un error estratégico pensar que regulando a un privado se protege la libertad de expresión. Y si esa es la esencia y espíritu de la iniciativa, el poder legislativo estará cayendo en la trampa de endosarle la protección de un derecho universal a entes privados que, en principio, tienen como filosofía maximizar sus ganancias. 

El remedio, paradójicamente, nos ubicaría en una posición de mayor vulnerabilidad. O acaso, ¿estamos listos para que las big tech sean los nuevos proveedores de democracia?.

Si bien la disrupción digital y tecnológica han modificado aceleradamente la dinámica social y parece necesaria una corrección en las asimetrías entre los distintos actores que operan en la vida pública, ésta no puede radicar en crear andamiaje legal que delegue a un privado el cuidado un derecho universal. O ¿será que el Estado ya renunció a esa facultad?

5.- La plaza pública.

En sus declaraciones sobre el tema, el senador Monreal habla de resguardar la democracia a partir de la protección de la libertad de expresión. Sin embargo, algo que, como a él, a muchos nos cuesta trabajo entender es que la plaza pública, --entendida como el espacio en donde los ciudadanos elaboran razonamientos para dirimir los asuntos que como sociedad le atañen-- no se ubica o no radica en las plataformas digitales, por la sencilla razón de que son espacios privados y forman parte de un modelo de negocio.

Y más allá de la ortodoxia conceptual, si se parte de la premisa de que un espacio privado es de facto la nueva plaza pública, se caería, de nuevo, en la trampa de fincar la democracia, que tanto se quiere proteger, en los pilares de empresas privadas. ¿De verdad, correrán ese riesgo?

6.- Los verdaderos temas de fondo

La transparencia en el diseño y aplicación de los algoritmos que moderan las conversaciones y el contenido; la eliminación de las burbujas de filtro que coartan el acceso libre a internet; la extracción y uso de datos para la perfilación, así como la creación de modelos prospectivos de ámbitos comerciales y políticos; la portabilidad y protección de datos, son solo algunos de los temas que se deberían abordar el la propuesta de ley para proteger la democracia. O ¿acaso estamos frente a la institucionalización de la censura digital?