Nadie elige en dónde nacer. Cuando eres apenas un niño no sabes cómo ni por qué pero tus padres ya te han impuesto nombre, religión, equipo de fútbol y por si fuera poco, filias, fobias e historias. Durante los primeros años de vida nadie cuestiona las decisiones y opiniones de sus padres pues todas son asumidas como correctas. Sin embargo, conforme nos vamos haciendo mayores empezamos a darnos cuenta del odioso nombre que nos eligieron, del pésimo equipo que alentamos y de lo ridículas que resultan tanto las filias como las fobias que habíamos heredado de nuestros progenitores. Es hasta entonces cuando empezamos a manifestar nuestras opiniones y disgustos frente a ellos y lo único con lo que nos responden es con el contundente “¿Cómo iba yo a saber? El que no habla, Dios no lo oye”.
Algo similar está sucediendo con la sociedad mexicana. Durante muchos años ha habido expresiones de rechazo hacia ciertos temas políticos trascendentes para el país que han tenido un impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias pero que no sabíamos cómo ni dónde expresar tal disgusto. El voto no era suficiente, las manifestaciones eran ignoradas y las publicaciones académicas eran apenas leídas por algunos actores políticos encargados de tomar las decisiones.
Sin embargo, parece que el Senado se ha dado cuenta de la necesidad de fortalecer la voz de la sociedad mexicana y ha aprobado, en calidad de cámara de origen, el dictamen por el que se crea la Ley Federal de Consulta Popular.
Lo relevante de dicha Ley es que se crea la Consulta Popular como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a expresar su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional ya sean de carácter legislativo o bien de naturaleza administrativa.
De acuerdo al dictamen aprobado por el Senado a finales de la semana pasada, tendrán derecho a solicitar una consulta popular: 1) El Presidente de la República; 2) El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; o 3) Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.
El tercer supuesto es desde mi punto de vista el avance más importante que presenta la nueva Ley, pues es una invitación a transitar hacia una democracia más participativa en donde se otorgan a los ciudadanos los mecanismos necesarios para incidir directamente en las políticas públicas del país.
En ese sentido, cuando una ciudadanía se convierte más crítica, informada y participativa, los órganos e instituciones se ven obligados a rendir cuentas de forma más clara, lo cual abona a la transparencia pública.
En el actual modelo democrático podemos discernir sobre las políticas públicas pero a nuestra voz le hacía falta un micrófono para que fuera escuchada. A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Consulta Popular, la cual aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Ejecutivo Federal, la ciudadanía se convertirá en un importante contrapeso para cualquier toma de decisiones en nuestro país. Consecuentemente el debate público se verá enriquecido y la ciudadanía se verá mayormente involucrada en la política nacional, lo cual redituará en beneficio de una verdadera democracia participativa.
Cuando éramos pequeños estábamos acostumbrados a no cuestionar nada y a no manifestar nuestra opinión sobre respectivos temas, al igual que ocurría en nuestra democracia. Con la Ley Federal de Consulta Popular los ciudadanos ya no tendremos pretexto para alegar que no se nos tomó en cuenta para tomar tal o cual decisión de trascendencia nacional. Las consultas serán nuestro instrumento para incidir en las políticas públicas y en ese sentido tengamos muy presente la frase que tanto nos dijeron de pequeños, para que luego no nos quejemos: “el que no habla, Dios no lo oye”.