El Gobierno del Estado de Nuevo León dio el manotazo en la mesa, como pocas veces.
Y nadie se acordó del nombre del alcalde de Cadereyta, el panista Santiago Preciado Robles, durante el anuncio del gobernador interino Manuel Florentino González Flores, quien informó que fuerzas de la policía estatal tomaban el control de la seguridad del atribulado municipio.
Así, durante 60 días, por lo pronto, las huestes estatales bajo el mando de Bernardo González, con 120 elementos bajo su mando se harán cargo de la seguridad en esa importante localidad, sede de la única refinería petrolera en Nuevo León.
Pero los problemas en Cadereyta no son nuevos. Las denuncias por malversaciones de fondos con millones de pesos desaparecidos, durante administraciones de todos los colores ya son letra muerta.
Pero hablando de inseguridad, hay que recordar que el ex alcalde de ese municipio, el contador público José Luis Lozano Fernández fue secuestrado en 2007 y nunca apareció.
Pocos esfuerzos se hicieron en su búsqueda, pese a que su hermano Francisco de los mismos apellidos, lo había sucedido en el cargo.
Gobernaba el estado Natividad González Parás y la guerra de los cárteles en contra de la población arreciaba.
Fueron muchos los empleados de la refinería de Pemex “Héctor Lara Sosa”, los que también desaparecieron.
Y, si me perdona el lector, la “cereza” en este siniestro pastel de corrupción e inseguridad la constituyó el hallazgo en mayo de 2012 de 49 torsos al borde de la carretera que conduce a Reynosa.
Por eso digo que lo de la corrupción policiaca y política en Cadereyta no es nada nuevo. Cadereyta es ejemplo del estado fallido.
Ojalá y los esfuerzos de Manuel Florentino sigan en el mismo rumbo.
Porque la inseguridad en el estado no nada más está concentrada en Cadereyta, sino que en el resto de la cincuentena de municipios hay mucha tela de donde cortar.
¿Habrá averiguación contra el alcalde por su responsabilidad o irresponsabilidad?
Esto último fue pregunta.