A pesar de que el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha negado la existencia de una red de prostitución en las cárceles del Distrito Federal; que obliga a internas a sostener encuentros sexuales clandestinos con reos de los reclusorios Norte, Sur y Oriente, la Comisión de Derechos Humanos, emitió una recomendación al Gobierno de la ciudad ante tal problemática.
Según la Comisión de Derechos Humanos, a través de la recomendación 4/2010 el organismo informó que se logró documentar la existencia de una red que obliga a las internas a prostituirse, en la que participan, custodios y guardias de seguridad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, así como internos de los Reclusorios Preventivos Norte, Sur y Oriente.
En la recomendación se dan a conocer dos nombres, Joaquín Omar Cedillo Luna y Diana Trujillo Neri, quienes laboran en el Tribunal Superior de Justicia y permiten encuentros sexuales entre internas e internos.
Según la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la red de trata de internas opera a través de la solicitud de traslados de mujeres en privación de la libertad a los juzgados de los penales Norte, Sur y Oriente para que presuntamente desahoguen diligencias, y es en el traslado del túnel al juzgado cuando se aprovecha para obligar a la mujer a sostener relaciones sexuales con internos o custodios.
En las investigaciones, se detalla los casos de nueve internas quienes quedaron embarazadas cuando ya estaban en reclusión y no tenían autorizada la visita íntima ni familia. A estas nueve mujeres se les practicó una interrupción del embarazo.
También incluye en el testimonio de 16 personas que mencionaron que se efectúan pagos a custodios que oscilan entre 200 y 500 pesos para que las internas sostengan relaciones sexuales con los internos.
Según el organismo, lo anterior constituye una violación al derecho a una vida libre de violencia y denuncia que al menos ha habido inacción o acción retardada por parte de autoridades de la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría Capitalina y el Tribunal Superior de Justicia para denunciar, investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en esta red de trata de internas.
Por lo que la Comisión Nacional envió una serie de puntos recomendatorios a fin de que la Secretaría de Gobierno, (responsable de las cárceles del DF) implemente un sistema de registro de ingresos y egresos de las internas e internos trasladados, un sistema que deberá ser auditable. Además, colocar cámaras de vigilancia en escaleras, baños, pasillos, túneles y rejillas de práctica para detectar cualquier anomalía.