El régimen democrático es de instituciones. El populismo apunta a otra dirección, la voluntad de quien gobierna. Instituciones son reglas que limitan y conducen; populismo es discrecionalidad a la medida de las pulsiones de quien detenta el poder. La mayor debilidad de un país como México radica en que vivir bajo reglas nunca ha sido realidad; por razones de historia y creencias, los mexicanos confían más en el líder que en las normas o en las instituciones.
La embestida populista global fue profunda; los expertos la veían como un fenómeno marginal, pasajero y limitado a ciertos países. En realidad, la democracia se encuentra asediada prácticamente en todas partes por proyectos políticos que, al amparo de la democracia y a partir del descontento mayoritario ganan el poder para minar y, de ser posible, destruir el edificio democrático. Su contención depende de las salvaguardas de toda democracia: la opinión pública, la movilización social, los factores de poder y los medios de comunicación, en la parte social; por la institucional está la ley, los jueces, el Congreso y los poderes locales.
Trump tiene claras pulsiones autoritarias, como ningún otro presidente. Además, de un patrimonialismo tan inesperado como impensable. La corrupción es ostensible y sin recato. La justicia penal politizada. Pero hay un régimen democrático efectivo.
Este fin de semana, siete millones de norteamericanos salieron a las calles para repudiar los excesos de su presidente. En la encuesta fiftyplusone, el presidente Trump registra 41.5 de aprobación. En los medios de comunicación convencionales y digitales hay una expresión plural, debate y riguroso escrutinio al gobierno, al presidente y a la mayoría legislativa. Así como sucedió en Inglaterra al echar del poder a Boris Johnson, es muy probable que la democracia norteamericana se imponga a la mayor amenaza de su historia.
En México, la derrota es abrumadora que se explica no sólo por el régimen político, sino por la ausencia de contenciones. Los factores de poder, con excepción de la iglesia católica, se acomodaron para participar del proyecto destructivo de la democracia y de la economía de mercado. Como en muchas partes, la oligarquía buscó su beneficio y no fue difícil lograr entendimiento con un régimen político que en apariencia la combatía. Los empresarios, sin una auténtica representación, ahora advierten la pérdida de certeza de derechos fundamental para los negocios. Los medios, casi en su totalidad, sometidos y en el aplauso al poder. La libertad de expresión y el derecho a la información viven sus momentos más adversos por el acecho del crimen, la autocensura y la amenaza del régimen político, hasta por la vía jurisdiccional.
Sin embargo, el régimen requiere de legitimidad y también de un empresariado que provea bienes y servicios, que participe activamente de la globalización y que contribuya a los ingresos públicos. México vive un serio retroceso en su democracia, y es uno de los países con el más bajo crecimiento de la región, salvo Puerto Rico, Venezuela y Haití en la proyección de 2025 del Banco Mundial. También en materia de seguridad, justicia, corrupción e impunidad México tiene los peores lugares en el mundo. Los números remiten tanto a un mal momento como al fracaso del régimen obradorista; así muestran las tendencias a partir de que llegó al poder.
A pesar de los malos resultados, López Obrador en su momento y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum gozan de elevados niveles de aceptación, que se explica no sólo por el clientelismo, el control político de la información, el imperio de la propaganda y, en consecuencia, el inexistente escrutinio social del poder. De igual modo, tiene que ver con la sociedad mexicana y, particularmente, la ausencia de oposición institucional y el sometimiento de la representación gremial y del ecosistema informativo que conforma a la opinión pública.
Sin embargo, la situación deviene más inestable de lo que parece. El voluntarismo es un fracaso en el gobierno; va acumulando un déficit en todos los órdenes que habrá de reventar. Así sucede en materia de seguridad pública, la presidenta tuvo que modificar el virtual acuerdo de no combatir al crimen organizado por lo insostenible de la situación; en corrupción la venalidad amenaza las finanzas públicas como revela el huachicol fiscal, así como el desorden que acontece en la asignación de contratos públicos y en las empresas y proyectos paraestatales; igual se presenta con la militarización de la vida pública que no aportó eficiencia ni probidad y hoy se tiene que regresar a un mando civil en materia de seguridad. Para bien, todo termina por reventar, tarde o temprano.