Concluyó mayo de 2026 y, con ello, el plazo legal para el pago del reparto de utilidades. Nuevamente, los trabajadores se han visto obligados a manifestarse debido a que las empresas no están cumpliendo con esta prestación este año. Las primeras señales de inconformidad mediática fueron dadas por los empleados de Danone-Bonafont y los repartidores de Uber, pero a este reclamo se han sumado maquiladoras en Campeche y Yucatán, así como empresas de diversos sectores en Salamanca, Silao y la industria automotriz. A la lista de afectados se unen también los trabajadores de la cadena Cinemex y los ingenieros azucareros de Huixtla, y de empresas queretanas como Gramer.
El panorama a nivel nacional es de tensión constante. Nissan Aguascalientes anunció que no habrá pago de utilidades. En Volkswagen, trascendió que la empresa realizó el pago antes del 1 de mayo, en un intento por aprovechar el puente vacacional y apaciguar las protestas derivadas del bajo monto entregado. Por su parte, Banamex redujo el pago de utilidades en un 80%. La situación escala a represalias: en Zacatecas y Durango se reportan despidos de trabajadores que se quejaron por sus pagos, mientras que en Acapulco los empleados hoteleros han iniciado paros. Además, en Huehuetoca y San Juan del Río ya estallaron las protestas. Seguramente comenzarán a brotar más inconformidades en todo el territorio nacional.
Este fenómeno de inconformidad ha ido creciendo con los años, originado a partir de la reforma de 2021. Dicha modificación fue negociada por la entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde (jefa del actual secretario). En su momento, se acordó con los empresarios modificar la ley en materia de utilidades a cambio de que aceptaran la reforma contra la subcontratación, bajo la promesa de que no habría problemas y todo sería en favor de la clase trabajadora.
En pleno 2026 ya sabemos lo que pasó y quienes son los culpables: la promesa de erradicar la subcontratación fue una mentira. Hoy subsisten 5 millones de personas laborando legalmente bajo esa figura, a través de empresas registradas en el REPSE y con el aval de la Secretaría del Trabajo. Estas contrataciones se caracterizan por ofrecer, por lo general, salarios mínimos, las prestaciones básicas de ley y terminaciones de contrato diseñadas para evitar que el trabajador genere antigüedad.
Las utilidades, en términos prácticos, desaparecieron. Con la nueva fórmula de cálculo comenzaron los abusos; de forma inmediata, en 2022, más de 500 empresas enfrentaron paros laborales por la inconformidad en los pagos, un ciclo que sucede cada año y que poco a poco se enciende a través de las redes sociales. Al final, se cumplió la máxima del dicho poblano: “para el obrero siempre es tarde, aunque llegue a mediodía; habiendo de las calientes siempre les dan de las frías”. Resulta irónico que, luego de esto, el actual secretario del trabajo se extrañe de que en la calle lo corran de los eventos y le chiflen en su cara su ilusoria primavera laboral.
El caso particular de Uber
Un tema que exige atención aparte es la situación de las utilidades de Uber. La empresa realizó una clásica maniobra fiscal, operando mediante una empresa de nueva creación para evadir el pago de utilidades este año. Esta acción se percibe, a todas luces, como una simulación legal, ya que al final se trata de la misma empresa que forma parte de la misma unidad económica y realiza la misma actividad.
Los afectados tienen que inconformarse ante la PROFEDET y la STPS para demandar la responsabilidad solidaria. Queda por ver si las autoridades les permitirán a estas empresas salirse con la suya y dejarán a los choferes y repartidores de la aplicación, una vez más, con las manos vacías, con una reforma de papel.
X: @riclandero | Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM