El Diario Oficial de la Federación publicó en la edición vespertina del lunes un decreto que revierte la decisión del 10 de abril con la que se permitía que el Puerto de Loreto se convirtiera en puerto de “altura y cabotaje”, una decisión con la que ballenas iban a enfrentar la pérdida de su espacio a cambio de grandes buques y todo tipo de tráfico marino que iba a poder llegar.
Oficialmente, la bahía sigue siendo de sus habitantes, de sus cetáceos y de su silencio profundo. Los megacruceros no vendrán. Loreto no será un puerto de altura y eso implica que los ambientalistas y los empáticos que se sumaron a la exigencia lo lograron.
Para entender la grandeza de este hecho, hay que saber que un puerto de altura permite que monolitos de acero de 300 metros, con miles de pasajeros a bordo, surcando aguas que apenas toleran el roce discreto de una panga de pescador, puedan instalarse y navegar en ese espacio. La fauna habría pagado el precio, o tal vez ya lo hace. Cada año, ahí llegan ballenas a parir y a cantar, pero sin presión social habrían encontrado caos, no el santuario que conocen, solo un ruidoso cruce de avenidas marítimas.
Sin embargo, hay un problema que tiene que ver con la realidad. El cambio en el decreto que originó el escándalo tuvo que ver con que aún con la protección jurídica del área natural, la Secretaría de Marina ya operaba desde 2006 en el Puerto de Loreto, en condición irregular, recibiendo embarcaciones de navegación de altura pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje. El 20 de mayo de 2024 intentaron hacer el ajuste oficial cuando la API BCS (Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, dependencia estatal) solicitó formalmente la reclasificación de la zona para ajustar la ley a la realidad. Semar fue la autoridad que la aprobó y formalizó mediante decreto.
Fue entonces cuando pescadores, prestadores de servicios turísticos, amas de casa, biólogos, activistas y hasta artistas levantaron la voz. La convicción hecha acción colectiva llegó como efecto del masivo impacto que tuvo el caso Mahahual en Quintana Roo. Cuando se trata de la naturaleza, hay que ser escépticos con los portadores del mensaje pero nunca con la causa en sí misma, pues es cierto que algunas personas encuentran en los bosques y manglares un rehén perfecto para atacar a gobernantes con quienes tienen diferencias político-electorales. Solo que este mensaje es demasiado poderoso en sí mismo y la presidenta es sensible a la ciencia y capaz de escuchar.
Claudia Sheinbaum escuchó, o más bien sintió, el oleaje de la inconformidad. Actuó en consecuencia echando atrás el decreto. Pero más allá del triunfo legal, lo valioso aquí es el ejemplo. En el contexto de que a menudo la indiferencia parece ganar, donde los intereses económicos atropellan a la naturaleza con patente de corso, primero Mahahual y luego Loreto nos han recordado una verdad elemental y es que la unión colectiva sí puede detener un cambio.
Ahora hay un problema: Esta determinación, ¿estará acompañada de una prohibición explícita para la Secretaría de la Marina de utilizar ese Puerto para embarcaciones de altura? Si es así, la Marina debería informar las acciones para complementar sus labores de seguridad con esta decisión. En caso de no serlo, el panorama es terrible porque significa que se aceptará volver a la irregularidad. O sea, que la Marina únicamente podría continuar usando Loreto como puerto de altura.
Imaginemos por un momento lo que en teoría no ocurrirá ahora. No habrá estelas de combustible en el espejo de la bahía. No habrá motores rugiendo a medianoche mientras las ballenas amamantan a sus crías. En cambio, seguirá habiendo avistamientos responsables, el comercio justo del turismo de naturaleza, el orgullo de una comunidad que supo decir “basta”.
El punto es que si la medida se toma para preservar a la naturaleza, no importa si es un crucero turístico o un buque de la Armada, ambos causan daños por su mecánica de operar y por las características de la zona. Especialmente, la Marina y Defensa Nacional han tenido acciones o proyectos que amenazan a la naturaleza.
“Puerta al Mar”, por ejemplo, es construido por la Sedena en Quintana Roo y se trata de un complejo turístico dentro de un megaproyecto federal vinculado al Tren Maya. Dicho complejo se desarrolla dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, en Quintana Roo, con un costo estimado de 600 millones de pesos. Esa obra inicialmente estaba planteada como un camino artesanal de 57 kilómetros que conectaría Felipe Carrillo Puerto, la estación del Tren Maya y el mar, pero evolucionó hacia un desarrollo turístico. Es un hecho que al momento de iniciar las obras, ese proyecto no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni con los permisos necesarios. De hecho, la Semarnat inició una consulta pública sobre la obra con datos censurados hasta nueve meses después de que el lugar fuese devastado para poder hacer las construcciones.
Ese proyecto buscaría replicar el modelo de control militar aplicado en el Parque del Jaguar, en Tulum, con la probable privatización del acceso a la zona de playas que se pretende crear.
Mi punto es que ya se demostró que la ciudadanía organizada es más poderosa que cualquier navío de vapor. Que los decretos se pueden vencer si hay voces alzadas en el camino. Y que la poesía del mar, ese canto de las ballenas y ese rumor de la marea, valen más que todas las cuentas en dinero que prometen los desarrollos. Se le sabe poner el alto a las trasnacionales, pero no a las instituciones militares.
Lo que no sabemos aún es si el principio de realidad cambia con la misma velocidad que los decretos y si el ambientalismo tiene espacio para incorporarse en la práctica de un gobierno cuyas fuerzas militares tienen todo para disponer de las zonas naturales.