El verdadero debate no es cuánta gente votará en la elección del poder judicial, sino qué tribu de la secta cuatrotera hará más trampa para conseguir imponerse.
La guerra es interna
La secretaria de gobernación citó a gobernadores y presidentes municipales para darles línea y acordar los resultados de qué ministros quedarán, quién presidirá la SCJN, quiénes serán jueces, pero, sobre todo, les dio la orden de activar a sus bases para que salgan a votar.
Hay encuestas que con exagerada exactitud arrojan el porcentaje de votación que se obtendrá el próximo domingo y si el resultado que dé a conocer el INE resulta muy similar a las encuestas que han difundido, la elección no habrá sido más que una farsa mal maquillada de legitimidad.
Las señales
El resultado del conteo de votos se sabrá hasta muchos días después y no serán los funcionarios de las casillas quienes los cuenten.
En esta inédita elección los funcionarios de casilla sólo contarán el total de boletas depositadas en las urnas, las que no se usen no serán anuladas y el cómputo de votos se realizará en los 300 consejos distritales del INE.
El resultado lo darán a conocer una vez que las altas esferas de Morena y el gobierno alcancen acuerdos para distribuir los puestos. En otras palabras, el problema no es la votación, lo es el cómo se llevará a cabo.
Todo un retroceso, los resultados al final serán determinados sobre la mesa y no en las urnas.
La competencia no está en la capacidad de los aspirantes, sino en los intereses de los grupos de Morena y del gobierno que representen, motivados ya sea por poder, impunidad o venganza.
Es la consecuencia de la reforma al poder judicial que impulsó AMLO y que concretó Sheinbaum.
Fin de la división de poderes
El poder judicial ya no cumplirá con el principio constitucional de la división de poderes ni con el equilibrio que debe existir en una república democrática.
Tal como trascurren las cosas, no podemos hablar de que el presidente en turno obtenga un poder absoluto, como en las épocas del priismo autoritario, más bien es el nacimiento de un nuevo poder fraccionado entre las tribus, clanes y familias morenistas que este domingo definirán algo más que el resultado de una elección.
¿Consolidación de un régimen tiránico?
Vendrá una brutal inestabilidad institucional. La elección por voto directo politizará aún más el sistema judicial, afectando su independencia e imparcialidad. Las decisiones judiciales se basarán más en intereses políticos y menos en la irrestricta aplicación de la ley.
En otras palabras, la justicia, si se puede llamar así, dependerá de quién juzgue y a quién se juzga.
Dependerá de a qué tribu, clan o familia de Morena pertenezca y terminará como un instrumento más de presión, coacción o impunidad.
Por sí misma la elección ya genera la polarización política en el país. Los funcionarios que resulten electos tendrán comprometidas de antemano sus decisiones judiciales y por ende su imparcialidad, surgirán conflictos de interés.
Incertidumbre
La reforma ya tiene impactos negativos en la economía. Los inversionistas ven el sistema judicial como impredecible y poco confiable.
Diseñado para que los oligarcas que mantienen a una buena cantidad de los políticos incrustados en tribus y clanes sean quienes decidan, que se favorezcan sus negocios y se tapen sus vínculos o prácticas corruptas.
Las cosas no irán mejor, la presión de Estados Unidos sobre altos funcionarios del gobierno se intensifica. En los juicios a los narcotraficantes, del hermano del rey del huachicol y hasta de los socios de la esposa de Manuel Bartlett, la familia Weinberg que se acogió al criterio de testigo protegido, terminarán por soltar la sopa y además parece que el pacto de impunidad AMLO-Peña ya se rompió.
Al final, no es una elección, es una guerra interna por quedarse con el botín del poder judicial.
X: @diaz_manuel