El reciente ataque lanzado por la embajada de la República Popular China contra Larry Rubin, mexicano y también ciudadano americano, a través de una inusual declaración solemne, no puede ni debe pasar desapercibido para los defensores de las libertades civiles, los principios diplomáticos, y el respeto a la soberanía nacional.
Larry Rubin, además de mexicano por nacimiento, representante de una parte significativa de la sociedad civil binacional y voz constante a favor de una relación estratégica, libre y equilibrada entre México y Estados Unidos, ha sido objeto de una represalia diplomática sin precedentes por parte del régimen comunista de Beijing.
La causa aparente del ataque fue una declaración crítica de Rubin respecto al papel de los países BRICS, y en particular de Rusia y China en el actual contexto internacional. Rubin, en uso legítimo de su libertad de expresión señaló lo siguiente:
“Los BRICS no representan un modelo de desarrollo sostenible, sino un bloque autoritario que amenaza el orden democrático internacional y mina los intereses comunes de América Latina y Estados Unidos.”
Estas palabras firmes, pero no ofensivas, reflejan una postura política legítima y ampliamente compartida por sectores relevantes de la comunidad diplomática y empresarial de Occidente. No son una provocación como algunos quieren hacerla ver, sino una posibilidad fundada.
Rubin, como se sabe, ha trabajado durante años para consolidar las relaciones bilaterales México–EU. Desde su participación en foros empresariales, hasta sus recientes reuniones en Washington D.C. con actores clave de la administración Trump. Su papel ha sido siempre uno de diplomacia no gubernamental, de construcción de puentes y defensa de intereses comunes. Que un régimen extranjero intente amedrentar a un líder civil de esta talla, excede no sólo las normas básicas del trato entre naciones, sino que roza el acoso diplomático.
La Cancillería mexicana debe actuar con urgencia. No se trata sólo de un incidente verbal. El hecho de que la República Popular China haya emitido una “declaración solemne” (sic) dirigida contra un ciudadano mexicano —y no contra un gobierno, institución o figura partidista— sienta un precedente gravísimo. Se ha expuesto a Rubin a presiones extraordinarias por parte de una dictadura extranjera, lo cual vulnera sus derechos constitucionales y, por extensión, los de todos los mexicanos que disienten de poderes externos.
Es importante recordar además, el trasfondo económico de este conflicto. China se ha convertido en el principal proveedor de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, una droga responsable de decenas de miles de muertes en EU y de una creciente crisis de salud pública y seguridad en la región. Este dato, unido a las prácticas comerciales desequilibradas, a la presencia de empresas chinas vinculadas con lavado de dinero, y al despliegue de infraestructura estratégica en puntos críticos del territorio mexicano, configura un patrón de injerencia y riesgo nacional que merece la más alta atención del Estado.
Es legítimo y urgente exigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que actúe en defensa de Larry Rubin. No sólo porque se trata de un mexicano agredido en su país y desde la representación de un gobierno exterior, sino porque su defensa es simbólica de la defensa de todo ciudadano mexicano: de los empresarios, académicos, periodistas, estudiantes, comerciantes, familias de migrantes y de todo ciudadano que crea en la libertad, la república y la soberanía.
Las voces que reclaman soberanía deben ejercerla en todos los sentidos, no sólo hacia un país o un gobernante, no sólo para una parte de sus ciudadanos. México no puede aceptar presiones de regímenes autoritarios, sean los que sean, sin traicionarse a sí mismo.