México cumple 20 años con la figura de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) y el balance, visto con datos, derecho y experiencia operativa en la mano, es inequívoco: hay intermediación en número, pero no hay sistema. La arquitectura institucional no acompaña al crédito productivo y ello se refleja en tres fallas estructurales: fragmentación gremial, incertidumbre en la ejecución judicial y una sobrerregulación sin política paralela de desarrollo.
Definición técnica: Crédito productivo vs. crédito al consumo
El crédito productivo es aquel que financia la generación de valor económico futuro. Se destina a inversión en activos productivos (maquinaria, equipo, tecnología), capital de trabajo vinculado a producción y ventas, expansión de capacidad instalada y proyectos con flujo identificable para su repago. Su característica esencial es que crea ingresos adicionales que permiten el pago del crédito sin depender de descuentos automáticos, refinanciamientos o transferencias.
Por el contrario, el crédito al consumo financia gasto presente, no crea capacidad productiva y depende del ingreso futuro del acreditado (salario, pensión o transferencias). Es útil para suavizar consumo, pero no impulsa crecimiento económico sostenido. Un país que sustituye crédito productivo por crédito al consumo financia el presente a costa del futuro.
Fragmentación gremial y ausencia de interlocución
El padrón público de SOFOM E.N.R. registrado ante la Condusef supera las 5,500 entidades. Sin embargo, las asociaciones más visibles del sector, aun consideradas en conjunto, no representan ni el 10% de dicho universo. La consecuencia institucional es directa: la representatividad real del sector es mínima ante autoridades financieras y el primer orden de gobierno.
En México, la interlocución estructural solo la tienen los bancos y los grupos financieros, porque concentran activos, información homogénea y una voz unificada reconocida por el Estado.
El sector SOFOM, en contraste, se encuentra fragmentado y disperso, lo que explica por qué cifras gremiales parciales suelen presentarse como diagnósticos nacionales cuando en realidad son fotografías promocionales de minorías organizadas.
Falta de sectorización por objeto económico
Bajo la misma figura jurídica conviven modelos económicos completamente distintos, todos legales conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, pero no comparables entre sí: a) SOFOM de grupo empresarial, diseñadas como vehículos financieros internos para apoyar proveedores, distribuidores o empleados vinculados a un mismo grupo económico. No operan a mercado abierto ni buscan fondeo sistémico. b) SOFOM de mercado abierto, que sí intermedian crédito productivo, asumen riesgo, buscan fondeo y dependen críticamente de la ejecución judicial efectiva. c) SOFOM de estrategia financiera y fiscal, utilizadas para planeación financiera, patrimonial o fiscal, válidas en derecho privado pero no intermediarios de crédito productivo. Todo es válido jurídicamente, pero no todo debe contarse como intermediación financiera productiva. La ausencia de esta sectorización distorsiona estadísticas, regulación y política pública.
Incertidumbre jurídica como variable financiera
El principal freno del crédito productivo en México no es la tasa de interés, sino la incertidumbre temporal en la ejecución judicial. En la práctica, los juicios mercantiles y civiles se prolongan por años, aun existiendo resoluciones favorables, debido a la interposición sucesiva de recursos dilatorios.
El efecto económico es directo: las garantías pierden valor por el simple transcurso del tiempo, el crédito productivo se retrae o se encarece y el sistema financiero se refugia en crédito al consumo, crédito corporativo de gran escala e hipoteca residencial, donde la recuperación es más estandarizada. Esto afecta por igual a bancos y a intermediarios no bancarios. No es un problema sectorial; es un problema macroeconómico.
Regulación sin desarrollo: Condusef CNBV y SATA
A la incertidumbre judicial se suma un tercer frente estructural. Las cargas regulatorias y fiscales impuestas por Condusef, CNBV y SAT exigen tiempo directivo, personal especializado y sistemas de cumplimiento que representan un costo fijo elevado.
Condusef actúa con un mandato legítimo de protección al usuario, pero impone obligaciones administrativas y sanciones que no distinguen tamaño ni objeto económico. La CNBV exige cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero aun en entidades sin riesgo sistémico. El SAT, por su parte, convierte el cumplimiento fiscal en una actividad estratégica permanente.
El problema no es la regulación en sí, sino la ausencia total de una política paralela de desarrollo del sector: no hay datos consolidados, no hay fondeo estructural y no hay mercado de valores accesible para intermediarios medianos.
Comparación internacional
En Estados Unidos y Canadá, la intermediación financiera no bancaria es medida, clasificada y reconocida como parte del sistema financiero. Existen estadísticas públicas, interlocución institucional y análisis de riesgo sistémico. En México, la SOFOM es una figura legal sin sistema detrás.
México no tiene un sector SOFOM frente al Estado. Tiene figuras legales fragmentadas, con objetos distintos, sin voz común y sin certidumbre de ejecución. Mientras se confunda vehículo interno con intermediación, se utilicen cifras gremiales parciales como diagnóstico nacional y se ignore que sin ejecución no hay crédito productivo, el crédito seguirá siendo retórica y no política pública.
El problema no es la falta de crédito. El problema es la falta de sistema jurídico-financiero que lo sostenga.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.