Al tiempo que se presume defender la soberanía nacional, se mina la certidumbre en uno de los pilares fundamentales de la estabilidad económica del país: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Las medidas tomadas en el pasado por el gobierno de López Obrador, especialmente en materia energética, han encendido alertas en nuestros socios comerciales, y hoy el acuerdo corre serios riesgos.
Desde hace tres de años, Estados Unidos ha solicitado consultas formales bajo el T-MEC debido a políticas consideradas “discriminatorias” que favorecen injustificadamente a PEMEX y a la CFE, en detrimento de empresas privadas e inversionistas extranjeros. Estas acciones amenazan con activar el mecanismo de solución de controversias, lo que podría derivar en más sanciones arancelarias y castigos severos contra las exportaciones mexicanas. A estas tensiones se suman las recientes maniobras de Estados Unidos, también contrarias al espíritu del tratado, que incluyen aranceles a productos clave como autos y acero, así como restricciones comerciales, mientras se acerca la revisión del acuerdo prevista para 2026. La geografía comercial por sí sola no basta; se requiere diplomacia fina y garantías jurídicas.
En su reciente visita a México, Marco Rubio entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum un listado detallado de obstáculos comerciales que, a juicio de Washington, han minado el libre comercio desde el sexenio pasado. Entre ellos destacan la política energética regresiva que favorece a las empresas estatales, los obstáculos regulatorios en agricultura, salud y servicios financieros, las prácticas aduaneras opacas, las restricciones a productos biotecnológicos, las demoras en registros sanitarios, las trabas a la importación de maíz y organismos genéticamente modificados, los retrasos en aprobaciones, así como la falta de reglas claras en materia de propiedad industrial y derechos de autor. Rubio fue contundente: sin atender estos temas, la confianza en el T-MEC está en riesgo.
Especial atención merece el desmantelamiento de instituciones que daban certeza a los mercados. La desaparición de la Cofece y del IFT envía un mensaje inequívoco: el Estado concentra poder debilitando la regulación independiente. Estos órganos no eran simples “burocracias caras”, como insiste el discurso oficial; eran instituciones que brindaban confianza a los inversionistas y actuaban como salvaguardas frente a decisiones discrecionales. Sin ellos, la supervisión de sectores estratégicos queda en manos de la autoridad política en turno con claros incentivos partidistas, lo que erosiona la confianza en que México cumplirá con el espíritu de competencia y libre mercado que exige el T-MEC.
La situación se agrava con la instalación del nuevo Poder Judicial emanado de la elección de junio pasado. Lejos de democratizar la justicia, esta ha quedado politizada y sometida a una lógica partidista. La independencia judicial es piedra angular para la certidumbre de cualquier inversión: un tribunal confiable y técnico es el último recurso para resolver disputas comerciales. Si en lugar de juzgadores independientes los inversionistas se encuentran con jueces o magistrados surgidos de lealtades políticas, México pierde un activo institucional clave que ha dado confianza a los socios del tratado. Washington y Ottawa observan con creciente inquietud cómo se ha desmantelado el andamiaje que aseguraba reglas claras e imparciales.
Una eventual cancelación o debilitamiento del T-MEC tendría consecuencias devastadoras para México. Más del 80% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier ruptura en esa relación comercial pondría en riesgo millones de empleos vinculados a la manufactura, la industria automotriz, la agroexportación y los servicios. La pérdida de acceso preferencial al mercado más grande del mundo provocaría la salida de inversiones, un golpe directo a la estabilidad macroeconómica, a la generación de divisas y al tipo de cambio.
En la vida cotidiana, se traduciría en inflación, encarecimiento de productos básicos y una contracción económica que agravaría la pobreza y la desigualdad. El T-MEC no es un lujo: es la columna vertebral del desarrollo económico de México.
El nacionalismo retórico disfrazado de defensa de la soberanía, se ha convertido en un peligro real para la estabilidad del T-MEC. Frente a ello, lo que urge no es más soberbia, sino diplomacia estratégica, cumplimiento responsable y el rescate tanto de los órganos autónomos como de la independencia judicial. México no puede permitirse que la palabra “soberanía” se traduzca en improvisación e incertidumbre. El futuro económico del país está en juego, y exigir dignidad no debe equivaler a apostar al fracaso comercial.