La reforma judicial implementada durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido quizás la más perniciosa transformación que ha sufrido el país. Mediante una serie de acciones ilegítimas, desde una mayoría calificada sin respaldo popular hasta la violacion sistemática a cada paso de los procedimientos parlamentarios, el régimen de la 4T hizo realidad que todos los jueces y magistrados mexicanos fuesen dizque electos por vía popular, cuando en realidad fue una operación de Estado dirigida a borrar la división de poderes.

El caso de Ernesto Ruffo lo ha puesto de nuevo de manifiesto. La FGR de Ernestina Godoy promovió, en un primer intento, obtener del juez Mario Elizondo Martínez la judicialización del expediente contra el ex gobernador panista. El impartidor de justicia lo rechazó ante la ausencia de elementos probatorios que justifican la emisión de una orden de prisión preventiva oficiosa.

Ante este primer obstáculo, se optó por acudir a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega. Ella, a diferencia del primero, validó el argumento presentado por la FGR y ordenó la aprehensión de Ruffo. Esa impartidora de justicia es una de los cientos de hombres y mujeres que resultaron “electos” por el pueblo de México en las vergonzosas elecciones de aquel año.

Como se recordará, uno de los más controvertidos elementos de la reforma constitucional de 2024 fue la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que no es otra cosa que una suerte de comité con las competencias para determinar la “conducta ética” de los jueces y magistrados. Se le ha acusado de haber sido creado con el único propósito de servir como una suerte de presión para que las resoluciones judiciales no se aparten de los intereses del grupo politico que impulsó, promovió, implementó, operó y consolidó la reforma judicial.

Los mexicanos no pueden dejarse engañar más por la propaganda oficialista. ¿Cómo puede justificarse el caso de Ernesto Ruffo al tiempo que otros personajes como Adán Augusto López, Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, entre otros, gozan de plena libertad y ni siquiera están bajo investigación por parte de la FGR? No es que se defienda a ultranza la inocencia o culpabilidad de Ruffo, sino que se denuncia la “doble vara” para perdonar a propios y ajusticiar a ajenos.