El Fobaproa ha sido una de las heridas más profundas de la economía mexicana. Se creó en 1990 con la supuesta finalidad de proteger a los ahorradores en caso de crisis bancaria. En la práctica, se convirtió en un mecanismo que trasladó deudas privadas a la deuda pública. Tras la crisis de 1994, los bancos y grandes empresarios que no pudieron cubrir sus carteras vencidas fueron rescatados con recursos públicos. Lo que debían ellos terminó pagándolo la sociedad.
En 1999, cuando el Fobaproa se transformó en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la deuda ascendía a más de 552 mil millones de pesos, lo que equivalía a casi el 40% del PIB. Con el paso de los años, esta cifra se multiplicó con los intereses. Para 2008, los mexicanos ya habían pagado 2.1 billones de pesos, es decir, 3.2 veces la cantidad original. Los empresarios y bancos nunca pagaron lo que debían, y el costo siguió recayendo sobre los contribuyentes. Durante ese tiempo, la banca continuó gozando de beneficios fiscales que les permitían deducir impuestos por las aportaciones al IPAB, como si el rescate todavía fuera un privilegio a su favor.
La indignación creció cuando se supo que incluso Vicente Fox, que llegó a la presidencia prometiendo un cambio, tenía 50 millones de dólares dentro del esquema de protección del Fobaproa. El PAN y el PRI, en los hechos aliados, convirtieron el rescate en un pacto de impunidad financiera: las pérdidas se socializaron, mientras las ganancias se privatizaron.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión que cambia esa lógica. Ha anunciado que los bancos ya no podrán deducir impuestos por las aportaciones que realicen al IPAB. Lo mínimo después de que prácticamente las deudas del empresariado fueron asumidas por el pueblo. En otras palabras, no podrán seguir utilizando la gran estafa del Fobaproa como pretexto para pagar menos impuestos. A partir del próximo paquete fiscal, sus aportaciones se convertirán en una obligación tributaria real y no en un beneficio encubierto.
La medida es más que técnica: es un acto de justicia tributaria. Representa el inicio de un giro político donde el Estado mexicano deja de subsidiar indirectamente a los bancos mientras los ciudadanos continúan pagando las consecuencias del rescate. La decisión de Sheinbaum envía un mensaje claro: el tiempo de la gran estafa terminó. Pagar menos impuestos no es un privilegio, es un fraude a los que menos tienen, aquellos que necesitan más de la intervención de programas públicos para la subsistencia.
Por primera vez en décadas, el gobierno cierra la puerta a un privilegio que simbolizó la desigualdad del sistema y que debilitó la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Debe ser solo el primer paso, pues el Fobaproa parece la magna estafa, más que una estafa maestra, una deuda impagable que podría martirizarnos hasta 2057. Imposible.
X: @ifridaita