Tanta impudicia en el trato de los desaparecidos necesariamente lleva al desborde de del descontento. Qué bien que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haya marcado distancia respecto a la postura del régimen de minimizar el problema de los desaparecidos y, como parte de ello, de la indignada e indignante respuesta que diera al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ante su propuesta de elevar el caso de México a la Asamblea General. La situación es crítica; solo el gobierno y los suyos están decididos a ignorarla, aunque también sean votantes los que se mueren, muchos de ellos sus votantes.
Ya no es el caso de dirigir la culpa por lo que sucede a los gobiernos locales, a los funcionarios federales o a las fiscalías. El Estado mexicano ha sido negligente en extremo. Si la falta viene de las autoridades locales, también es responsabilidad de Estado. No hay espacio ni para la más elemental empatía. Qué bien que el gobierno federal reclame a EU por el maltrato y los fallecidos en las instalaciones migratorias norteamericanas; la postura es contradictoria con la notoria complacencia sobre lo que ocurre en México, con dimensiones incomparables.
Hay un abandono institucional en el tema de los desaparecidos. Ante la crisis fiscal del Estado mexicano, los recursos se los llevan el clientelismo electoral y la venalidad, a costa de responsabilidades básicas de las autoridades, como es dotar a las instancias respectivas de medios para atender un reclamo que va más allá de lo pensable, lo imaginable. La presidenta informa que el subsidio a la gasolina tiene un costo de 4 mil millones de pesos semanales; se mantiene para no despertar el enojo social. Mucho se podría hacer en materia de desaparecidos con dos semanas de ese subsidio. Es el caso de un gobierno insensible ante su apetito por los votos, aunque los que mueren también sean votantes, muchos de ellos, sus propios votantes.
¿Por qué se indigna la presidenta Sheinbaum por el señalamiento sobre los desaparecidos? El Comité de la ONU es, en todo caso, el mensajero. El problema es lo que está ocurriendo, para ella debiera ser preocupante en extremo. Las cifras de desaparecidos, de por sí aterradoras, se han incrementado durante el obradorismo y más que nunca en el año y medio de este gobierno. Pareciera que criminales y autoridades convergen en el ocultamiento de homicidios.
El Congreso debería designar una comisión para estudiar el tema y apoyar al Estado mexicano para atender el asunto. Si existiera una auténtica CNDH, participaría de este propósito y contribuiría a obligar a las autoridades a actuar y que el Congreso destinara los recursos suficientes para la búsqueda y para el apoyo a las unidades técnicas que tienen que ver con la identidad de 72 mil cadáveres y restos humanos que se acumulan en las morgues de las fiscalías. Son pocos los estados que se han esmerado en el tema; ante un gobierno federal ausente, dos semanas de subsidio a las gasolinas harían toda la diferencia. Es evidente la falta de voluntad, porque los recursos se destinan al clientelismo electoral.
México está en el banquillo de los acusados. La tragedia de los desaparecidos es un recuento de negligencia, complicidad y venalidad institucional. Es responsabilidad del Estado y quien lo representa es la presidencia de la República. A esta institución corresponde rendir cuentas y hacer que los criminales encaren la justicia penal. Ya se ha dicho: el obradorismo no tiene sentido de Estado, sino de régimen político; por tal consideración, todo se atiende a partir de las prioridades políticas y electorales del grupo en el poder.
Ha llegado el momento de un quiebre ante la negligencia interesada del gobierno. La aduana de 2027 será ocasión para que la indignación cobre curso de manera civilizada. Una elección con dados cargados; autoridades que rompen el código de imparcialidad desde la más elevada oficina pública; órganos electorales diezmados y colonizados en su nivel superior, y con una presencia creciente del dinero ilícito por la corrupción y la concurrencia del crimen, que no se conforma con fondear campañas, y pretende postular a sus propios candidatos. El caso es que la voluntad ciudadana tendrá cita para decidir el futuro del país, más allá de los cargos en competencia. Los muertos eran votantes, muchos de ellos sus votantes.