Un buen número de analistas y miembros de la oposición han señalado que las acusaciones contra el exgobernador Ernesto Ruffo son infundadas, y que la judicialización de su caso ha respondido a la voluntad del régimen gobernante de buscar argumentos para presentarse como defensores de la legalidad y como estrategia para dizque combatir el huachicol fiscal.
Lo que sí que ha resultado “curioso” es que haya sido el ex gobernador del estado de Baja California en el momento preciso cuando la gobernadora en funciones, Marina del Pilar Ávila, se encuentra envuelta en sospechas de colaboración con el crimen organizado; primero, tras el anuncio de la cancelación de su visa, y luego, por los audios difundidos donde ofrece “colaborar” a cambio de recibir un tratamiento más benévolo por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Si, efectivamente, como han señalado algunos, el caso contra Ruffo no tiene ni pies ni cabeza ni cuenta con el menor indicio de prueba incriminatoria, se trataría de un claro episodio de persecución política, lo que sentaría un precedente extremadamente peligroso en un México donde las libertades y la democracia liberal están en franco retroceso.
A pesar de los embates del obradorismo contra las instituciones democráticas y la división de poderes, uno de los rasgos que separaban a México del resto de los regímenes autoritarios latinoamericanos era precisamente la ausencia de presos políticos, como en el caso de otros países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Se ha igualmente conservado la libertad de prensa y de difusión. ¿Representa el caso de Ruffo un nuevo viraje hacia un recrudecimiento de la deriva autoritaria?
No puede defenderse la inocencia ni la culpabilidad de Ruffo sin que haya existido un juicio cuya imparcialidad no sea motivo de cuestionamientos. En nada ha ayudado la reforma judicial, tras la cual la independencia de los jueces ha quedado en entredicho. A la luz de la evidencia, todo apuntaría en principio a una maniobra del gobierno mexicano para distraer a la opinión pública y al gobierno de Estados Unidos con su supuesta acción contra operadores del huachicol fiscal.
En contraste, si como dicen los abogados de Ruffo, es un hombre inocente, se estaría inaugurando en México un nuevo capítulo de la nueva era autoritaria: el de la persecución política.