“El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son.”

José Mujica

“Todos los políticos son iguales”, es la afirmación constante de quienes se autoperciben como “apolíticos”; parten de un análisis simplista y reduccionista o buscan generar una retórica que en principio puede parecer sintomática del supuesto desencanto que existe con la política, pero que encubre la construcción de una percepción que apuesta por la desmovilización y desarticulación de la participación colectiva, dejando de lado la posibilidad de entender la política desde su complejidad y participar de ella.

Sin embargo, dicha afirmación forma parte también de los rezagos de un imaginario colectivo de amplios sectores de la sociedad mexicana, que percibe que la herencia histórica de décadas de corrupción, impunidad y de políticos que se valieron de las instituciones públicas para concentrar el poder y enriquecerse aún persiste, sobre todo cuando el cambio de siglas de algunos personajes de la política no altera las viejas prácticas. El clientelismo, la arrogancia y el enriquecimiento desmedido forman parte de sus prácticas cotidianas, desmotivando la participación de la sociedad.

En vísperas del proceso electoral del 2027, la discusión pública se centra en el propio proceso electoral y la asignación de candidaturas, con la designación como coordinadores de algunos perfiles sumamente cuestionables. El surgimiento de señalamientos y críticas bien o mal intencionadas y las manifestaciones de enojo genuinas de las bases dan cuenta de una crisis más profunda que con torpeza se busca evadir: el desgaste del ejercicio de la política como herramienta de transformación y emancipación social.

En un contexto en el que puede proliferar el escepticismo o desencanto, las fuerzas progresistas no pueden estar al margen de esta discusión; una de las tareas centrales es la de dar el salto de administrar el poder, ganar o conservar escaños, al de asumir un compromiso mayor con un proyecto de izquierda profundamente transformador, que resignifique la política y le devuelva su dimensión ética. Es fundamental analizar la forma y el fondo del ejercicio de la política junto con quienes participan de ella en el ámbito de la política formal, para comprender sus matices y desmontar el señalamiento de que “todos son iguales”, por tanto, “todo está mal”.

Frente a esta afirmación homogeneizada que despolitiza, la respuesta para desmarcarse debe ser la congruencia. Ser de izquierda no es un membrete o una etiqueta que se coloca o quita a conveniencia; es una praxis cotidiana que asume una profunda vocación de servicio popular mediada por una clara conciencia de clase. Los propios preceptos y reivindicaciones de la izquierda progresista lo señalan, asumir un cargo público es un mandato temporal que debe estar siempre al servicio de las mayorías, nunca una plataforma para concentrar privilegios y conformar nuevas élites.

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Marcar la diferencia para evidenciar que no “todos son iguales” exige que nuestra práctica política y nuestras acciones demuestren que no todos son iguales; que existen cuadros políticos honestos, con un compromiso con la justicia social, dispuestos a desprenderse de las aspiraciones individuales para asumir un profundo compromiso colectivo, en función de lo que dicta un proyecto político transformador y no una interpretación individual de ese proyecto, acorde a los intereses personales de quienes ostentan el poder.

Para sostener esta diferencia ética se requiere ejercer una autocrítica honesta, abandonando la lógica del pragmatismo electoral que por momentos concede para ganar procesos electorales con costos altísimos que se revierten posteriormente. Bajo ninguna circunstancia se puede vaciar de contenido el proyecto político; se debe asumir que la política de alianzas tiene límites y fecha de caducidad. Las coaliciones y acuerdos políticos son herramientas estratégicas legítimas cuando se asumen sin perder los principios y posturas ético-políticas.

Es un error y una contradicción que debe ser superada el lastre que representa el “blanqueamiento” de perfiles oportunistas, marcados por prácticas que se contraponen a un proyecto político transformador y que en algún momento combatieron de manera frontal los principios de izquierda, representando los intereses de las oligarquías. Justificar la designación de perfiles que carecen de una genuina convicción ideológica y conciencia de clase, bajo la “defensa del proyecto”, erosiona la confianza de las bases y desdibuja los principios éticos.

Rumbo al 2027 se deben anteponer los principios a la coyuntura, pero también no perder de vista que resignificar la política conlleva rebasar los límites de la política formal entendida como lo meramente partidario. La política no debe reducirse a los tiempos electorales, dejando de lado la participación activa, la organización de base y la articulación de un frente amplio de izquierda que sobrepase los límites partidarios, un frente de carácter popular que empuje una agenda de transformación estructural y que vaya más allá de la administración de lo existente.

El reto no es menor, no basta con conservar las mayorías institucionales, se requiere profundizar el proyecto transformador y eso conlleva asumir la autocrítica, frenar el oportunismo y construir a la par un frente popular de izquierda fuera de los márgenes, que impulse ese proceso de resignificación, para dar cuenta de que la política, lejos de ser el espacio vulgar que genera desánimo y descontento, es una herramienta de transformación que dignifica y debe estar al servicio de las demandas populares.