LA POLÍTICA ES DE BRONCE
En medio de una compleja redefinición de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y de cambios en la estrategia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió dar pasos para presentar una nueva reforma político-electoral rumbo a las elecciones de 2027. Anunció la creación de una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez y la realización de una encuesta para conocer el sentir de la población respecto a los asuntos electorales.
En septiembre del año pasado, y como parte del Plan C, se eliminó la reelección de diputados federales y senadores, así como el nepotismo electoral, a partir de 2030.
Surge la pregunta: ¿la presidenta enviará nuevamente la iniciativa de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador de 2022 o presentará una nueva versión, corregida y aumentada? Por ahora, no lo sabemos.
Recordemos: después de las elecciones de 2021, el entonces presidente López Obrador tomó la iniciativa, acelerando los tiempos de su sucesión, y envió al Congreso de la Unión tres reformas constitucionales: la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional. Ninguna de estas reformas prosperó, y sus versiones legales fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que desató un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial cuyos resultados todos conocemos.
La reforma que AMLO envió estuvo a cargo de Pablo Gómez y Horacio Duarte. Era una propuesta compleja que modificaba 17 artículos constitucionales y que implicaba una reforma profunda a toda la legislación electoral, desde los medios de impugnación y la estructura del INE, hasta la propaganda gubernamental.
Entre los aspectos más publicitados de esa reforma se encontraban:
- La reducción del número de legisladores federales: la Cámara de Diputados pasaba de 500 a 300, electos por proporcionalidad pura, y el Senado de 128 a 96, eliminando los plurinominales.
- La reducción de diputados locales y de regidores con base en criterios poblacionales, estableciendo rangos.
- La disminución del financiamiento a los partidos políticos.
- La elección popular de los integrantes del Instituto Nacional Electoral y la reestructuración del INE, eliminando los OPLE y las salas regionales del TEPJF.
- El voto electrónico.
- La modificación de la regulación de la propaganda gubernamental para que la conferencia mañanera no fuese considerada como tal.
- Cambios en la consulta popular y la revocación de mandato.
- La inclusión de la igualdad sustantiva y las acciones afirmativas.
Es probable que los temas de la nueva reforma sean los mismos; sin embargo, cada uno requiere un análisis profundo y, sobre todo, una proyección sobre su implementación y costos. Por ejemplo, si la propuesta de reducción de diputados federales se hubiera aprobado y se hubiera establecido la proporcionalidad pura en la asignación de curules, en las elecciones de 2024, con la votación registrada, Morena, PT y PVEM habrían quedado muy lejos de la mayoría calificada. Mientras que la igualdad sustantiva ya está en el texto constitucional y el voto electrónico no necesita incorporarse a la Constitución, pues corresponde a la legislación secundaria y a los lineamientos del INE.
En lo que sabemos si serán peras o manzanas, cabe destacar un hecho: desde 1979, las reformas electorales han sido construidas incorporando, en mayor o menor medida, las propuestas de la oposición, lo que ha mantenido la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social. La pregunta es: ¿en esta reforma las propuestas de la oposición, diminuida como está serán tomadas en cuenta o como El Chinito, estarán nomás mirando? Pronto lo sabremos.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.