Hoy se votará en la Cámara de Diputados la reforma que, en el debate público, se ha denominado de las “pensiones doradas”. Ayer, en la Comisión de Puntos Constitucionales encargada de dictaminar la iniciativa, se realizó una última ronda de intervenciones donde representantes de jubilados de distintos sectores expusieron sus preocupaciones. Seguí la discusión a través de la transmisión oficial en redes sociales y en el canal del Congreso, y lo que dejó no fue solo una antesala de la votación, sino una impresión más profunda sobre la forma en que se está procesando este tema.
Hay algo inquietante en la manera en que se ha conducido esta discusión. No necesariamente por el sentido que pueda tomar la votación —que a estas alturas parece definido— sino por la forma en que se ha procesado el debate. En teoría, el Congreso es el espacio donde se escuchan argumentos, se contrastan posturas y se perfeccionan las leyes; en la práctica, lo que vimos fue otra cosa: un proceso donde las voces fueron escuchadas, sí, pero no consideradas. Representantes de jubilados de distintos sectores —Pemex, Comisión Federal de Electricidad, instituciones financieras— expusieron preocupaciones concretas, advirtieron sobre posibles efectos retroactivos y plantearon ajustes razonables para evitar afectaciones injustas. Sin embargo, ninguna de esas observaciones encontró eco en el dictamen final. La decisión, en los hechos, ya estaba tomada.
Este es el punto que no puede pasarse por alto. No estamos frente a un desacuerdo normal entre mayorías y minorías, sino ante un procedimiento que simula apertura sin asumir las consecuencias de escuchar. Porque escuchar no es un acto decorativo; implica, al menos, la disposición a matizar, corregir o incluso replantear. Cuando eso no ocurre, el mensaje que se envía es claro: el resultado no depende de la solidez de los argumentos, sino de la fuerza de los votos. Y aunque eso pueda ser suficiente en términos formales, no necesariamente lo es en términos de legitimidad. Las leyes no solo se sostienen en la mayoría que las aprueba, sino en la percepción de justicia con la que son construidas.
En el fondo, lo que estuvo sobre la mesa no era una defensa de privilegios, como se ha querido simplificar, sino una discusión mucho más compleja sobre derechos adquiridos, proporcionalidad y certeza jurídica. Durante décadas, miles de trabajadores tomaron decisiones de vida bajo un marco legal específico, con reglas claras respecto a su retiro. Cambiar esas condiciones de manera abrupta, o dejar abierta la puerta a interpretaciones que puedan afectar esos derechos, no es un asunto menor. Por eso se propusieron alternativas concretas: incorporar un transitorio que eliminara cualquier duda sobre la retroactividad, revisar casos específicos para distinguir entre situaciones distintas, ajustar criterios que hoy parecen demasiado amplios. Nada de eso prosperó, no porque fuera técnicamente inviable, sino porque políticamente no era necesario.
Y ahí es donde aparece la verdadera preocupación. Cuando el poder puede permitirse ignorar advertencias fundadas sin costo inmediato, el problema deja de ser solo esta reforma y se convierte en el precedente que establece. Porque hoy son los jubilados de ciertos sectores, pero mañana puede ser cualquier otro grupo cuyos derechos dependan de la estabilidad de las reglas. La confianza en las instituciones no se construye únicamente con discursos ni con mayorías legislativas; se construye con la certeza de que las decisiones se toman con cuidado, con responsabilidad y con respeto a la complejidad de los problemas. Cuando esa confianza se erosiona, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí profundas.
México, sin duda, necesita revisar y fortalecer su sistema de pensiones. Nadie sensato puede negar los retos que implica el envejecimiento de la población, la sostenibilidad fiscal y la insuficiencia de muchas jubilaciones. Pero justamente por eso el debate exige más rigor, no menos; más precisión, no simplificaciones; más responsabilidad, no prisa. Reformar hacia adelante es indispensable. Reescribir hacia atrás, o hacerlo sin atender plenamente a quienes serán afectados, es otra cosa.
Porque cuando el poder escucha sin corregir, deja de gobernar para la gente… y empieza simplemente a administrarla.