Durante décadas, la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se basó en una fórmula conocida: los cárteles mexicanos producen y transportan drogas, los estadounidenses las consumen y Washington presiona a México para que haga más por detener el flujo. Esto se describía comúnmente como la “guerra contra las drogas”.
Esa fórmula está cambiando, y el cambio resulta más alarmante que nunca para México. Washington ya no define a ciertas organizaciones mexicanas únicamente como cárteles criminales: desde febrero de 2025, seis de ellas —los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana— también están designadas como organizaciones terroristas extranjeras.
Puede parecer un simple cambio de terminología. En realidad, podría representar una transformación fundamental en la manera en que Estados Unidos aborda el problema de seguridad de México.
No es que antes de la designación Washington no considerara a los cárteles una amenaza para su seguridad nacional. Ya lo hacía. La diferencia es que ahora los ha incorporado formalmente al aparato jurídico, financiero y político de la lucha contra el terrorismo.
Cuando una persona presta apoyo material a una organización terrorista designada o participa en sus operaciones, el asunto deja de pertenecer únicamente al ámbito del narcotráfico y la delincuencia organizada. Puede activar leyes antiterroristas, sanciones financieras, restricciones migratorias, operaciones de inteligencia y nuevos instrumentos judiciales. La policía, las aduanas y los fiscales no desaparecen de la ecuación, pero pasan a formar parte de una arquitectura mucho más amplia.
El cambio también es visible en el aparato militar estadounidense.
El Centro para el Combate al Terrorismo de la Academia Militar de West Point publicó un análisis sobre las lecciones que podrían extraerse de las guerras estadounidenses posteriores al 11 de septiembre de 2001 para la campaña actual contra los cárteles latinoamericanos. No se trata de una declaración oficial de doctrina militar, pero el hecho de que esa comparación se discuta abiertamente ya es significativo.
Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos presenta la “lucha contra el narcoterrorismo y los cárteles” como uno de sus principales ejes operativos. Su estrategia incluye fuerzas de tarea conjuntas, integración de inteligencia, interdicción marítima, cooperación con fuerzas de seguridad regionales y operaciones selectivas contra redes vinculadas con el narcotráfico.
Más llamativa todavía es la Operación Southern Spear, que ha incluido ataques militares letales contra embarcaciones que Washington afirma que eran operadas por organizaciones terroristas designadas y participaban en el narcotráfico. El Comando Sur informó de ataques de este tipo en el Caribe y el Pacífico oriental durante 2026.
Sin embargo, es necesario introducir una precisión importante: los comunicados públicos estadounidenses no identifican esas embarcaciones como pertenecientes a cárteles mexicanos. Por lo tanto, los ataques no prueban que Estados Unidos ya esté utilizando la fuerza militar contra organizaciones mexicanas.
Sí demuestran algo distinto: Washington ya está dispuesto a emplear instrumentos militares letales contra organizaciones que ha colocado dentro de la categoría del narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
Esto ya no se parece únicamente a la tradicional guerra contra las drogas. Se acerca cada vez más a una campaña militarizada contra el narcoterrorismo.
Eso no significa que México sea Afganistán ni que los cárteles mexicanos sean equivalentes a Al Qaeda o a los talibanes. En general, los cárteles mexicanos no pretenden transformar ideológica, religiosa o revolucionariamente a la sociedad. Su principal motivación es económica: buscan ganancias, territorio, rutas de tráfico e influencia política.
Pero también emplean métodos destinados a aterrorizar a la población, intimidar a las autoridades y controlar comunidades. La ausencia de una ideología revolucionaria no significa que sus métodos carezcan de una dimensión terrorista.
Desde la perspectiva de Washington, esa diferencia podría estar perdiendo importancia. Los cárteles están fuertemente armados, ejercen control o influencia en determinadas regiones y corredores, corrompen instituciones públicas, atacan a las fuerzas de seguridad, transportan drogas hacia Estados Unidos, se benefician del flujo de armas desde territorio estadounidense hacia México y generan violencia a gran escala.
Washington puede presentarlos cada vez más como una amenaza para la seguridad nacional, independientemente de que su motivación última sea el dinero y no la ideología.
Y eso plantea una pregunta difícil para México: ¿quién decide cómo debe enfrentarse el problema de los cárteles?
México tiene un grave problema de delincuencia organizada que se desarrolla principalmente dentro de su territorio soberano, aunque sus consecuencias sean transnacionales. Tradicionalmente, Estados Unidos podía proporcionar inteligencia, equipo, capacitación y apoyo financiero, mientras México conservaba la responsabilidad principal sobre las operaciones realizadas en su territorio.
La designación terrorista puede alterar ese equilibrio, pero no elimina la soberanía mexicana. Tampoco concede automáticamente al gobierno estadounidense autorización legal para realizar operaciones militares dentro de México.
Lo que sí hace es ampliar los instrumentos jurídicos, financieros, migratorios y de inteligencia que Washington puede emplear dentro de su propia jurisdicción. También puede reforzar el argumento político estadounidense para exigir una cooperación más profunda y considerar medidas cada vez más agresivas.
Por lo tanto, el peligro para México no consiste solamente en que Washington se vuelva más agresivo contra los cárteles. Consiste en que Washington redefina gradualmente el problema y, con ello, intente redefinir también quién debe combatirlo y con qué instrumentos.
Ayer, el problema era el narcotráfico. Hoy es el narcoterrorismo. ¿Y mañana? ¿Quién sabe? Podría convertirse en un problema hemisférico de seguridad nacional. O en algo todavía más grave.
La cuestión central, por lo tanto, ya no es simplemente si México puede derrotar a los cárteles.
Es quién decide cómo se libra esa guerra.
La transformación de la “guerra contra las drogas” en una “guerra contra el terrorismo” puede darle a Washington más herramientas para combatir a las organizaciones mexicanas. Pero también puede otorgarle una influencia mucho mayor sobre la agenda de seguridad de México. La soberanía mexicana podría convertirse en uno de los puntos centrales del conflicto.
Así que la pregunta principal es esta: ¿el paso de “narcos” a “terroristas” producirá una cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos, o provocará una crisis de soberanía?
Para reducir ese riesgo, el gobierno mexicano debe dimensionar con mayor seriedad la amenaza de los cárteles y diseñar y ejecutar una estrategia eficaz. Cuanto más territorio, mercados y autoridades queden sometidos a la influencia de estas organizaciones, más fácil será para Washington argumentar que México no puede —o no quiere— resolver el problema.
Golpear eficazmente a los cárteles no garantiza que Estados Unidos renuncie a intervenir. Pero no hacerlo fortalece a quienes sostienen que Washington debería actuar por su cuenta.
En otras palabras, México debe golpear a los cárteles antes de que Estados Unidos pretenda hacerlo en su lugar.
De lo contrario, la pregunta dejará de ser retórica:
¿Quién golpea a quién?