Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, apareció hace unos días, ufana, a dar una larga conferencia matutina, en un espacio que ella llama “Derecha de réplica”. Con unos Power Point, como suelen hacerlo los que participan en la “mañanera del pueblo”, ofreció toda una explicación en torno a lo que, según ella, son “ecosistemas de amplificación” dirigidos a expandir los mensajes de los críticos de la autoproclamada 4T.

En esa lista están personajes bien conocidos como Azucena Uresti, Joaquín López-Dóriga, Chumel, Carlos Alazraki, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Leo Zuckermann, entre otras decenas de nombres de políticos y líderes de opinión; todos ellos claramente identificados como opositores de los gobiernos de AMLO y de la propia presidenta en funciones.

Según Alcalde, estos “ecosistemas” (sí, repito el entrecomillado) funcionan con el objetivo de difundir mentiras, calumnias y toda suerte de perversidades comunicativas. Huelga destacar que, a juicio de la ex secretaria del Trabajo, son falsas. No mencionó, desde luego, las otras cuentas “amplificadoras” de los simpatizantes del gobierno y de sus propagandistas.

Lo que sí que ha llamado la atención es la nueva forma de concebir la Consejería Jurídica ¿No es ésta responsable, a la luz las leyes y reglamentos, entre otras funcionas, de asesorar al jefe del Ejecutivo, presentar controversias ante la Suprema Corte, y dirigir las relaciones entre la presidenta y el Poder Judicial? ¿Qué tiene que hacer, uno se pregunta, haciendo toda una “investigación” en torno a personajes incómodos con el objetivo de exhibirlos en una conferencia matutina financiada con recursos públicos?

Se superan a sí mismos. Una vez más, no contentos con contravenir la ley y autoasignarse prerrogativas que no están contenidas en la Constitución, ni en las leyes, ni en los reglamentos, echan mano de cualquier medio financiero o comunicativo a su alcance para proseguir su lucha para ganar la narrativa de comunicación. Se sienten con la exigencia de destruir la legitimidad pública de sus opositores.