En las últimas semanas, la ciudadanía de Mérida ha sido expuesta de manera constante a contenidos digitales de ataque contra el gobernador Joaquín Díaz Mena. Lejos de tratarse de una “opinión espontánea”, diversos indicios apuntan a una estrategia organizada de golpeteo digital, con operadores identificables, nombres visibles y antecedentes contractuales documentados.
Durante el sexenio de Mauricio Vila Dosal, el gobierno del estado contrató de forma reiterada, por al menos cuatro años consecutivos, a la empresa Whysers Posicionamiento Digital, S.A. de C.V., representada legalmente por Ana Lucía Casapriego Padrón, para servicios de estrategia, análisis y posicionamiento de contenidos en plataformas digitales oficiales.
Los contratos establecen pagos anuales de 1 millón 680 mil pesos, donde acumuló más de 6 millones 720 mil pesos de recursos públicos destinados al manejo de imagen y comunicación gubernamental. Todo ello consta en contratos oficiales, con vigencias, formas de pago y reportes mensuales obligatorios.
Al concluir ese sexenio, los contratos estatales finalizaron. Lo que no desapareció fue la red de operadores. Hoy, portales y cuentas que antes promovían activamente al gobierno panista anterior difunden contenidos de ataque. En este entramado aparecen nombres que ya habían tenido participación en la comunicación política de Vila, como Sebastián Aguilar Flaschka, exasesor del gobierno de Mauricio Vila, así como Ana Lucía Casapriego Padrón, vinculada al manejo de estrategias digitales a través de Whysers Posicionamiento Digital. A esta red se suma Ramón Valdés Elizondo, podcastero.
En el ecosistema digital, la pauta cuesta dinero, alguien paga, alguien coordina y alguien define la línea editorial. ¿Quién financia hoy esa pauta? Es la pregunta a responder.
Diversos indicios apuntan a que estas operaciones se estarían coordinando desde el Ayuntamiento de Mérida, encabezado por Cecilia Patrón Laviada, y financiadas con recursos municipales. De ser así, la pregunta es inevitable: ¿se está utilizando el dinero del predial para propaganda y ataques políticos?
Mientras tanto, los problemas cotidianos persisten, como baches, calles deterioradas, parques abandonados y servicios públicos que no mejoran. El predial que pagan las y los meridanos debería reflejarse en resultados, no en campañas digitales de confrontación.
La ciudadanía merece claridad. Transparencia en los contratos, explicación sobre quién pauta y con qué recursos, y rendición de cuentas sobre el uso del dinero municipal.