El libro “Por qué fracasan los países”, escrito por los premios Nobel de Economía 2024 Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, sostiene que el origen del éxito o fracaso de las naciones reside en la calidad de sus instituciones.
Según ellos, los países que progresan desarrollan instituciones económicas y políticas inclusivas, capaces de fomentar la competencia, limitar el poder de las élites y garantizar reglas claras para todos. Por el contrario, las naciones que retroceden, caen atrapadas en instituciones extractivas, que permiten que grupos pequeños concentren poder, riqueza y decisiones públicas.
En su análisis, los economistas citan a Carlos Slim como ejemplo contemporáneo del “capitalismo de cuates”, subrayando que su fortuna se construyó a partir de adquisiciones estratégicas —como Telmex— realizadas en condiciones favorables en ausencia de instituciones sólidas que garantizaran competencia efectiva.
Patrones que se repiten
A la luz de esa tesis, ante los retos económicos del país, Sheinbaum ha impulsado la creación de un nuevo consejo destinado a promover inversiones. La decisión fue anunciada en una reunión privada en Palacio Nacional con los principales conglomerados empresariales del país.
Aunque oficialmente el objetivo es estimular la actividad económica, el contexto político y el perfil de los convocados despierta inquietudes sobre la concentración de poder económico y su influencia en decisiones estratégicas, especialmente en vísperas de la revisión o renegociación del T-MEC.
En la reunión, encabezada por Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Domit, participaron los grupos empresariales más influyentes: Televisa, Grupo Bal, FEMSA, ASUR, Alfa, Banorte, Mexichem, Chedraui, Fibra Danhos y la CIE, entre otros, que en conjunto representan a un sector que, pese a ser menos del 1% de la población, concentra cerca del 20% del ingreso nacional, lo que refuerza la percepción de que, una vez más, un grupo reducido busca mantener control sobre los principales sectores económicos del país.
Este fenómeno no es nuevo
Durante las negociaciones del TLC en 1994, Carlos Salinas de Gortari enfrentó tensiones con el poderoso líder sindical Fidel Velázquez, quien exigía que el tratado respetara los derechos laborales y no pusiera a México en desventaja frente a sus socios del norte. Velázquez afirmaba que el acuerdo podría generar empleos y mejorar salarios siempre que se aseguraran condiciones equitativas.
Sin embargo, como respuesta de Salinas —y de Slim— se impulsó la creación de una nueva central obrera, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), encabezada por Francisco Hernández Juárez, un dirigente cercano al gobierno y a Telmex con la que buscaban neutralizar la influencia de la CTM y promover la idea de que unas cuantas grandes empresas servirían como “locomotoras” del desarrollo nacional en el marco del TLC.
Los paralelismos no pasan desapercibidos. El consejo anunciado por Sheinbaum se suma al Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización presidido por Altagracia Gómez, y coincide con la salida de Francisco Cervantes de la presidencia del CCE para impulsar otra organización empresarial alineada con los intereses de Slim. Lo más llamativo es que el nuevo presidente del CCE, José Medina Mora, no fue considerado en los anuncios presidenciales, lo que viene a reforzar la idea de que se está cerrando el paso a una participación más amplia y diversa del sector privado.
Contexto internacional agrega presión
El presidente Donald Trump declaró recientemente su disposición a dejar expirar el T-MEC para negociar acuerdos bilaterales independientes con México y Canadá, una postura coherente con su escepticismo hacia el libre comercio y su afinidad hacia una élite económica estadounidense cercana a su círculo personal.
Durante su primer mandato, Trump ya había mostrado esta tendencia cuando invitó a su “amigo” AMLO a la Casa Blanca, ambos se hicieron acompañar de empresarios seleccionados, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez y otros que prosperaron durante el gobierno de López Obrador, como Miguel Rincón, Daniel Chávez y Patricia Armendáriz.
“Todo esto parece confirmar una de las advertencias centrales de Acemoglu, Johnson y Robinson: a las oligarquías no les conviene un tratado internacional que imponga reglas claras, reduzca la discrecionalidad gubernamental y fomente una competencia genuina.”
Para las élites económicas, la existencia de normas estrictas y de instituciones fuertes representa un desafío a sus privilegios; por ello suelen preferir acuerdos donde prevalezca la negociación privada y acceso exclusivo a la toma de decisiones.
Cuando Carlos Slim descalificó como “imbéciles” a los economistas galardonados con el Nobel, tras la crítica que hicieron del origen de su fortuna y el papel de Telmex en la consolidación de su emporio, su reacción, más allá del tono, expuso cuán sensibles son las élites cuando se cuestiona la relación entre el poder económico y la debilidad institucional de un país.
La realidad vuelve a alcanzar a México
“Las decisiones siguen concentrándose en un grupo reducido, las instituciones permanecen vulnerables y el país enfrenta riesgos económicos serios. Los Nobel lo explican sin rodeos: cuando las élites logran poner al gobierno a su servicio, destruyen las instituciones necesarias para que un país prospere. Se impone la discrecionalidad, se bloquea la competencia, se sofoca la innovación y se perpetúan monopolios formales e informales y el fracaso nacional deja de ser una posibilidad y se convierte en una trayectoria previsible”.
X: @diaz_manuel