Quien gobierna invariablemente desea ver ratificado su gobierno al momento de la sucesión. Es una pretensión legítima, propia de la democracia. La reserva se presenta cuando se violentan las reglas del juego justo. Por ejemplo: excluir a un candidato del derecho a competir; cargar los dados para que la elección tenga lugar en un terreno disparejo; propiciar que los no invitados a la fiesta cívica se hagan presentes, como el dinero público, los intereses económicos y, especialmente, el crimen organizado; hacer uso faccioso y partidista de las instituciones y espacios públicos, incluidas las palabras del jefe de Estado, y combatir desde el poder a quienes realizan el escrutinio social, a manera de frenar el debate público y el derecho a un voto informado.
La presidenta Sheinbaum, a más de cuatro años y medio de la elección de 2030, anticipa que en México no sucederá lo de Chile, esto es, la alternancia. Es preocupante que quien debiera hablar por todos los mexicanos, sin engaño ni reserva se asuma como jefa de partido y dicte que no ocurrirá algo que, además de distante, es una decisión ajena que pertenece a los ciudadanos, no al gobernante. Por ellos no hablan las autoridades ni las encuestas, sino los votos.
La presidenta argumenta por qué no va a haber alternancia, y ese es el problema. Su convicción parte de que hay un amplio apoyo popular, que las cosas van bien y van a estar mejor, y —lo que todavía es más discutible— que no se ha defraudado la esperanza depositada en el proyecto: acabar con la corrupción y la violencia. Lo dicho es discutible y debatible; pero más grave sería alterar las condiciones para impedir elecciones justas, que significaría un retroceso de treinta años.
Si por apoyo popular se refiere a las encuestas que arrojan números muy favorables a la presidenta, hay que decir que los estudios de opinión son indicativos no solo del grado de apoyo en torno al gobernante, sino de la calidad del debate público, del escrutinio social y de la libertad de expresión. Pero hay que puntualizar que esas mismas encuestas ofrecen cifras reprobatorias cuando se pregunta sobre el desempeño del gobierno, tema relevante porque la presidenta no estará en la boleta, sino un candidato o candidata aún por conocer, a partir de un compromiso de continuidad con lo hecho por el proyecto político al que pertenece.
Una de las analistas más comprometida con la presidenta Sheinbaum, Viridiana Ríos, señala que la manera de evitar la alternancia es que el gobierno resuelva problemas de estética —imagen— y de sustancia. Eso pasa por cumplir con las expectativas públicas y por la necesidad de depurar a la coalición en el poder con medidas que recuperen el sentido originario del proyecto. El dicho de Ríos contrasta con lo señalado por la presidenta: aquella reconoce que hay una tarea por emprender; la mandataria la da por hecha. La analista tiene razón. ¿Podrá el gobierno cumplir tal empeño?
Las elecciones de 2027 servirán como indicador de lo que se aproxima en 2030; será revelador de la forma de competir del régimen, de la imparcialidad de la justicia electoral, de la capacidad del INE para organizar una elección sumamente compleja por la concurrencia de los comicios locales, los del Poder Judicial federal y la respuesta ciudadana. Si el régimen decide cambiar la Constitución para llevar la consulta de revocación de mandato a la misma fecha, el proceso, por su complejidad y diversidad de aristas, significaría un reto mayor para el sistema electoral y, desde luego, para el régimen obradorista.
Como tal, no debe verse con ligereza ni ingenuidad que la FGR con nuevo titular procediera contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, o contra María Amparo Casar, de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es un anticipo de la disputa por 2027. El régimen está decidido a ganar con todo y servirse de todo, incluso de la justicia penal; el objetivo de la Fiscalía en Chihuahua no es el exgobernador, sino la gobernadora María Eugenia Campos para así debilitar al PAN. Lo de María Amparo fue un intento fallido de represión ejemplar que derivó en un temprano desastre y obligó a una exitosa acción de control de daños, con el saldo de que casi todos relevan de responsabilidad a la propia fiscal, y ni se diga a la presidenta Sheinbaum.
En México no sucederá lo que en Chile en el sentido no del resultado sino de la postura de los actores políticos y de su gobierno. Allá hay responsabilidad y vocación democrática de unos y otros. En México, no.