La propaganda oficialista ha convertido el caso de la gobernadora Maru Campos en un asunto de alcance nacional. En un intento de “emparejar el terreno” se han dado a la tarea de presentar el tema de Chihuahua como si fuese mínimamente comparable, en términos de seriedad e implicaciones, con el escándalo de corrupción y lazos con el crimen organizado protagonizado por Rocha Moya y los suyos.
Se ha insistido reiteradamente en el hecho de que Campos sí puede haber incurrido en la contravención del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, si efectivamente tenía conocimiento de la presencia de los agentes de la CIA en la operación que tuvo lugar en la sierra tarahumara. La gobernadora lo ha negado. Algunos especialistas han señalado, no obstante, que se trataría de una violación al protocolo de seguridad. El asunto merece ser investigado, y en su caso, exigir la rendición de cuentas e involucrar a la embajada de Estados Unidos y a los organismos federales mexicanos que permitieron la entrada de esos individuos extranjeros al territorio nacional.
Sin embargo, el alcance del escándalo de los diez encausados por el gobierno de Estados Unidos ha sentado un nuevo precedente y conlleva implicaciones que superan cualquier problemática contenida en el caso Campos. Por primera vez, sí, por primera vez, un gobernador en funciones, en conjunto con miembros de su gabinete y otros funcionarios locales, han sido acusados formalmente por la justicia estadounidense.
El caso Rocha, a diferencia de Campos, lleva consigo no solo la puesta en evidencia de todo un sistema de corrupción y narcotráfico de una entidad federativa, sino los probables vínculos delincuenciales con otros políticos de alto nivel, especialmente si se abriese una investigación en torno al financiamiento de las campañas anticipadas de conspicuos miembros del morenismo en 2024, amén de la operación que habría conducido el gobernador Quirino Ordaz, hoy embajador de México en España, para “entregar la plaza” a Rocha y a sus secuaces; en complicidad, huelga recordar, con el Cártel de Sinaloa.
A pesar de estos esfuerzos por parte del morenismo de pretender magnificar el caso de Maru Campos, y con ello, sacudirse un poco el desprestigio provocado por los escándalos de Sinaloa, los defensores de los presuntos delincuentes no podrán salirse con la suya indefinidamente.
La violencia, la crisis de los desaparecidos, el estancamiento económico, la corrupcion rampante, la impunidad administrada a Adán Augusto, el cinismo de Andrés López Beltrán, las mentiras de los voceros, el desprestigio ante los ojos del mundo, el distanciamiento con Estados Unidos y la realidad de un país que camina hacia atrás no harán más que revelar el verdadero rostro de un régimen que ha optado por la defensa de un puñado de probables delincuentes, en vez de mirar en favor de la unidad y del bienestar de la nación.
No les alcanzará el caso Maru Campos ni el demagógico discurso de la soberanía para ocultar la profundidad de la putrefacción política a la que han sometido al país.