A diferencia de otros países que celebran la culminación de su independencia, los mexicanos celebramos el inicio de la lucha, porque en la culminación, en 1821, no hubo nada que celebrar, ya que estuvo a cargo de las fuerzas conservadoras que por una década se dedicaron a combatir y eliminar a los insurgentes.
Tampoco importa que dicha celebración, consistente en una arenga la noche del 15 y un desfile militar, el 16 de septiembre, haya sido el protocolo impuesto por Maximiliano de Habsburgo en su efímero imperio —al que además le debemos la imagen del cura Hidalgo, los arbolitos de Navidad y los vestidos de quinceañera—. Se trata de la ceremonia cívica más importante del calendario laico mexicano.
Desde el presidente, o en este caso la presidenta de la República, hasta el más humilde alcalde, se desgarra la garganta gritando los nombres de los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad, lanzando a todo pulmón vivas a México. Reconozco que esa ceremonia me emociona.
Me gustó mucho que por primera ocasión este Grito haya sido realizado por una mujer, y que esa mujer llegue a su primera comparecencia ante una Plaza de la Constitución llena, con el 70% de apoyo popular y enfrentando con firmeza los problemas de la agenda nacional. Me preocupa, como preocupa a muchos compatriotas, que en Culiacán y al menos en 28 municipios del Estado de México, Veracruz, Michoacán y Oaxaca esta ceremonia se canceló.
A diferencia de la alcaldía de Iztapalapa, en la que la alcaldesa Aleida Alavez, por prudencia y respeto a las víctimas de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, decidió no hacer la verbena popular en su demarcación, el gobernador de Sinaloa y los presidentes de estos 28 municipios fueron obligados por la realidad: en sus territorios no puede garantizarse el Estado de derecho en el evento cívico más representativo del país.
Debe reconocerse la prudencia de estos mandatarios, porque de empeñarse en realizar el Grito y el desfile, se ponía en riesgo a la población. Sinaloa, particularmente el municipio de Culiacán, no celebró, otra vez, el inicio de la independencia porque desde hace más de un año vive una guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, que ha cobrado la vida de por lo menos tres mil personas y cerca de dos mil desaparecidos. Esto, a pesar de que los principales dirigentes de ambas fracciones del cártel de Sinaloa se encuentran presos y procesados en Estados Unidos.
¿Qué hacer? ¿Qué políticas públicas poner en marcha para que el próximo año estos 28 municipios vuelvan a la normalidad y puedan celebrar sus fiestas cívicas con tranquilidad? Sin duda, se requiere que los gobiernos del Estado de México, Veracruz, Michoacán y Oaxaca se pongan las pilas y restablezcan las condiciones de seguridad en todo su territorio.
En Sinaloa el tema es mucho más complicado. Ya se desplazó un importante número de efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; se han fortalecido los programas sociales; la sociedad sinaloense se ha expresado en manifestaciones pacíficas; hasta los propios jefes de los cárteles capturados han llamado a la paz, y nada: los enfrentamientos, los levantones y los asesinatos continúan con los saldos mencionados. A estas alturas del problema, ni siquiera la renuncia del gobernador sería parte de la solución.
Se necesita una presencia aún mayor de las fuerzas del orden y una presencia permanente del secretario de Seguridad federal, del secretario de la Defensa y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Así como aceptar, con respeto a la soberanía, la ayuda que las agencias estadounidenses pudieran aportar. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.