Recuerdo bien que durante la violenta campaña presidencial de 2006, aquella en que el PAN comparaba a AMLO con Hugo Chávez y le acusaba de ser un peligro para México, comentaristas y medios de comunicación aseguraban que una posible reproducción del régimen venezolano en México era inviable, pues – decían ellos- Estados Unidos no toleraría el establecimiento de un régimen dictatorial o autocrático en su vecino del sur.

Ahora, con la puesta en marcha del Plan B, y si éste no resulta de acuerdo a las ambiciones políticas de la minoría gobernante, con el hipotético plan C, nuevamente muchos analistas prevén que Washington, y en particular, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, podría encender las alarmas.

Si bien Estados Unidos, a lo largo de su historia imperialista, y en búsqueda de la supremacía regional, ha abanderado los valores de la democracia como como motor de su política exterior, la realidad es bien distinta.

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A pesar de los reiterados discursos pro-democráticos de los sucesivos presidentes estadounidenses en el contexto de la Guerra Fría, y no obstante las iniciativas del gobierno estadounidense dirigidas a crear organizaciones internacionales para promover la democracia en América Latina (la OEA, entre ellas) los verdaderos intereses de la súper potencia se han centrado en el aseguramiento de sus propios intereses.

En el caso del INE, y ante el hipotético desmantelamiento de las instituciones electorales y una eventual elección de Estado orquestada por AMLO y su camarilla de políticos rapaces, Estados Unidos, al igual que lo hizo en Chile con el apoyo a Augusto Pinochet en los setenta, y tantos otros casos en la región, no moverá un dedo. ¿Por qué? Sencillo. Porque a Washington no le interese el devenir democrático de México.

En contraste, lo que sí que importa a Washington es que el presidente mexicano que resulte electo en 2024 se pliegue a sus intereses. En otras palabras, que muestre un espíritu de colaboración para combatir el crimen organizado, que despliegue mayores esfuerzos para detener la circulación del fentanilo, que detenga a los migrantes centroamericanos en suelo mexicano, que acceda a la extradición de líderes del narco capturados, y en suma, que trabaje en favor de los intereses que verdaderamente importan al gobierno estadounidense.

Por tanto, bien valdría dejar de especular que Estados Unidos impediría la destrucción de las instituciones electorales, o que detendría el avance del autoritarismo. Como he señalado, a los políticos estadounidenses poco importa la democracia de México. Ellos buscan apoyar a un régimen que se pliegue a sus intereses regionales y globales. Al final, Estados Unidos es la superpotencia y México es el vecino del sur.