La elección judicial de junio de 2025 confirmó lo que ya era evidente: ni el nuevo Poder Judicial ni el anterior contaban con respaldo popular. Apenas un 13% de participación ciudadana (INE, 2025) bastó para desnudar el supuesto entusiasmo democrático detrás de la reforma. Pero aquí viene lo incómodo: cuando el sistema judicial tradicional fue atacado en 2024, tampoco hubo un verdadero movimiento ciudadano que lo respaldara. La mayor parte de la población observó todo como un espectáculo ajeno, sin sentir que algo suyo estuviera en juego, o les fuera arrebatado.
Nadie defendió al Poder Judicial, ni antes ni ahora
¿Qué hubiese pasado si la gente hubiera tenido que salir a votar para defender al Poder Judicial anterior? ¿Habrían sido más de 1 de cada 10 personas? La pregunta incomoda porque obliga a admitir una verdad amarga: si ni con urnas se logra movilizar al pueblo, entonces el problema no está en los procedimientos, sino en el vínculo roto entre instituciones y sociedad.
En septiembre de 2024, cuando el Ejecutivo impulsó su reforma, algunos reaccionaron: Jueces, magistrados, trabajadores judiciales alzaron la voz. Pero, en la calle apenas se contaron unas 3 mil personas marchando en la Ciudad de México y alrededor de 55 mil empleados realizaron paros y protestas (wikipedia). La mayoría de los ciudadanos se mantuvo al margen. Ni rabia, ni duelo. Solo indiferencia.
Legitimidad tecnocrática, no popular
Los defensores del antiguo modelo eran en su mayoría abogados, académicos, estudiantes de universidades privadas o públicas de élite. Gente formada, sin duda. Pero desconectada de la vida cotidiana de millones. El Poder Judicial gozaba de lo que Max Weber llamó legitimidad legal-racional, basada en normas impersonales y competencia técnica (Weber, “Economía y sociedad”). Pero esa legitimidad no basta cuando el pueblo no entiende ni confía en sus jueces.
Weber también habló de la legitimidad carismática y tradicional. La que despierta lealtades emocionales, identitarias. ¿Quién sentía eso por el Poder Judicial mexicano? Nadie fuera de los gremios jurídicos. Para millones, la justicia era lenta, corrupta, distante. Cuando la atacaron, no hubo pueblo que la defendiera porque nunca la sintió propia.
El nuevo sistema judicial: hijo huérfano de la democracia
Morena y sus aliados prometieron un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Pero el resultado fue un sistema sin alma ni respaldo. La elección judicial de 2025, con sus cifras raquíticas (13% de participación, INE), demostró que no basta con abrir urnas. Aunque 72% decía estar a favor de la reforma (Enkoll, mayo 2025), solo 48% sabía la fecha exacta de la elección (El Paìs 25/05/2025). La reforma se impuso, pero sin entusiasmo ni comprensión ciudadana.
Se votó, sí. Pero sin debate, sin conocimiento de los perfiles, sin claridad de lo que estaba en juego. ¿Eso es democracia? ¿Eso es legitimidad?
La teoría política insiste en que la legitimidad nace del consentimiento. Pero consentir no es simplemente no oponerse. La legitimidad real implica confianza, arraigo, representación. Nada de eso acompaña hoy al sistema judicial mexicano, viejo o nuevo.
Weber definió la autoridad legítima como aquella que es reconocida como tal por quienes obedecen. ¿Quién reconoce hoy como suyas a las instituciones de justicia? Muy pocos. Ni los de antes, ni los de ahora. Y así, la justicia queda atrapada entre la nostalgia tecnocrática y la demagogia electoral.
Conclusión: desconectados
No he parado de escuchar a analistas rasgarse las vestiduras por el “atroz” hecho de que solo 1 de cada 10 mexicanos saliera a votar para elegir al nuevo Poder Judicial. Hay sarcasmo, hay alarma, hay burlas. Y ya lo mencioné líneas arriba: hay algo que nadie parece dispuesto a reconocer: cuando la sociedad tuvo en sus manos la oportunidad de detener la reforma saliendo a las calles y manifestando su descontento, tampoco fueron muchos. Muchos se quejan hoy de que nadie fue a votar, pero se olvidan de que ayer tampoco salieron a las calles cuando más se necesitaba.
Lo que sucedió el domingo anterior,no se trata solo de jueces, magistrados, ministros designados o electos. Se trata de una ciudadanía que no cree en el sistema judicial porque nunca lo ha visto funcionar a su favor. Sin legitimidad, no hay justicia. Sin justicia, no hay democracia. Y sin democracia, todo se reduce a simulación institucional.
Mientras los académicos siguen en el grito y quitándose pelusas del ombligo entre ellos —y los analistas tampoco se quedan atrás—, el ciudadano común sigue sin ver, en su vida diaria, todo eso que dicen que garantiza el Derecho: justicia, protección, certeza. Nada de eso aparece. Ni antes, ni ahora.