El problema de los gobiernos autoritarios encabezados por hombres que no escuchan es que las prioridades desordenadas en contextos de necedad les impiden entender cómo es que los daños a la naturaleza no pueden ser negociados o revertidos mediante un ultimátum. Trump insiste en construir el muro fronterizo y ha elegido el peor lugar para hacerlo: una reserva natural que colinda en el desierto de Chihuahua, donde el Río Grande traza una frontera que es también un ecosistema, una economía y una memoria colectiva.
El Center for Biological Diversity demandó al gobierno de Donald Trump por negarse a entregar documentos básicos sobre la posible construcción de un muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend tras una solicitud de contratos, planes, evaluaciones de impacto. Lo esencial. No pedían secretos de Estado. Pedían lo que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer cuando el gobierno transforma su territorio.
Se trata de una organización civil estadounidense que ha documentado cómo el Big Bend concentra menos del 1.3% de los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos, o sea, que esta medida en proporción con el problema migratorio que supuestamente busca atender no se justifica. Es, en términos de gestión migratoria, una zona de baja presión. Pero es también uno de los ecosistemas más frágiles del continente por ser el corredor de jaguares y borregos cimarrones, cuenca que sostiene comunidades y turismo en ambos lados del río, candidata histórica al reconocimiento como patrimonio mundial de la UNESCO. A pesar de eso, el gobierno federal estadounidense suspendió más de veinte leyes ambientales para acelerar proyectos de infraestructura en la zona y no ha existido posicionamiento alguno por parte de autoridades mexicanas, menos por parte de UNESCO.
Al mismo tiempo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha planteado el uso de un “muro virtual”, mientras el Departamento de Seguridad Nacional afirma que la construcción física sigue “en planeación”. Es decir ni se sabe sobre el tipo de muro que se instalará, ni se sabe en qué consiste un “muro virtual” que en caso de funcionar con drones podría aniquilar especies felinas y naturales que crucen el territorio sin entender que debían portar un pasaporte y no hay claridad sobre qué se hará exactamente, pero sí hay acciones administrativas avanzando. Aquellas acciones nos impactan directamente y es increíble que mejor la oposición en Texas sea la que haya levantado la voz por el ecocidio que está a punto de concretarse.
Este desfase entre la acción ejecutiva y la información pública ya es un patrón del manual de autocracias en el que la transparencia y la información quedan relegados a la especulación porque eso es mucho más conveniente que cualquier certeza.
Los territorios remotos, con menor densidad mediática y menor presión política, se convierten en laboratorios donde los costos de decisiones impopulares se diluyen más fácilmente. Big Bend es un lugar que la mayoría de los estadounidenses nunca visitarán, que pocos legisladores conocen a fondo y donde las consecuencias de una mala política pueden enterrarse literalmente bajo toneladas de concreto y acero antes de que alguien las documente.
La discusión es tan ambiental por los efectos ecológicos serían permanentes como fragmentación de hábitats, interrupción de rutas migratorias de fauna, restricción del acceso al río que da vida a ambas orillas así como política. Estados Unidos oprime a México por todas las vías posibles. Mediante seguridad bajo amenaza de intervención por supuestos actos de terrorismo, mediante racionar agua por supuestos tratados incumplidos firmados en una época con realidades distintas y hoy, mediante un muro ecocida que apenas y es el intento de Trump por dejar de acumular fracasos de guerra.
Para los norteamericanos, es sobre todo una discusión sobre rendición de cuentas. Propietarios, operadores turísticos, autoridades locales de ambos partidos han cuestionado el proyecto y no necesariamente el principio, sino el opaco proceso por el que se ejecuta.
En democracia, la transparencia es una obligación que los ciudadanos exigen y que brinda un marco básico para ejercitar otras libertades y derechos, como la libertad de expresión y el derecho a la información pública. No somos en definitiva el mejor ejemplo sobre ello, pero sí lo somos sobre preservación de especies y sobre algunas acciones de cuidado ambiental. Es por eso que no se explica dónde está la Semarnat. Cuando una administración suspende veinte leyes, firma contratos y moviliza maquinaria burocrática sin publicar los documentos que respaldan sus decisiones, no está siendo eficiente. Está siendo opaca y también hay opacidad en que México no se tome esto con seriedad para evaluar el impacto ambiental que tendría de este lado. La opacidad, en proyectos de infraestructura de esta magnitud, tiene siempre un costo que termina pagando alguien más: el ecosistema, la comunidad, el futuro.
Big Bend fue propuesto como patrimonio mundial por su valor geológico y ecológico. Hoy está en el centro de una discusión que va más allá de la ecología y es el poder para utilizar la migración como pretexto para dañar de manera irreversible un ecosistema.
El muro más peligroso, al final, no siempre es el que se construye con concreto. A veces es el que se levanta con silencio administrativo, uno donde lo que se bloquea no es el paso de personas, sino el paso de la información. La región de Big Bend, en Texas, es una de las últimas a lo largo de la frontera que no cuenta con algún tipo de cerca o barrera. Los habitantes locales sostienen que las montañas, el desierto remoto y el clima extremo son disuasivos suficientes para impedir los cruces irregulares.
Durante su campaña de 2015, Donald Trump prometió cercar los cerca de 2,000 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México con un “gran y hermoso muro”. Durante su primera administración se construyeron 282 millas de barreras físicas, aunque solo 87 millas correspondieron a nuevas vallas, según un análisis del investigador en seguridad fronteriza Adam Isacson.
Las cifras de la Patrulla Fronteriza lo confirman. El sector de Big Bend, de 500 millas, es el más extenso de los nueve sectores de la frontera suroeste. Representa casi una cuarta parte de la frontera entre Estados Unidos y México en términos de distancia, pero registra de forma constante el menor número de cruces ilegales. Absurdo, ilógico y sorprendentemente, oculto para las prioridades de la política mexicana. Ni idea de dónde está la Semarnat, pero ojalá que el nuevo canciller, Roberto Velasco, eche mano de sus oficios negociando y evite que esta atrocidad se materialice.