La reforma electoral impulsada por Morena no es un simple ajuste técnico, es una ofensiva política que busca alterar de raíz el sistema democrático mexicano. Tras el desgaste de los últimos procesos electorales, la narrativa oficialista insiste en que el Instituto Nacional Electoral (INE) es oneroso, que el Congreso está sobrerrepresentado y que el modelo actual privilegia a las élites.
Bajo esos argumentos, Morena promueve cambios que apuntan a configurar un régimen de partido único disfrazado de democracia.
Los ejes de la iniciativa
Eliminación o reducción de los diputados y senadores plurinominales. Argumentan que representan un gasto innecesario y que los ciudadanos no los eligen. Sin embargo, lo que está en juego no es el ahorro, sino el pluralismo político.
Los plurinominales fueron concebidos para evitar que la mayoría aplaste a las minorías, garantizando representación proporcional en el Congreso. Sin esta figura, Morena y sus aliados podrían asegurar un control casi absoluto de la cámara, borrando las voces opositoras.
La historia reciente demuestra que los plurinominales han permitido la entrada de partidos minoritarios, dando cauce institucional al disenso y evitando que las decisiones legislativas respondan a una mayoría coyuntural.
El otro frente es la reforma al INE. Morena pretende sustituir a los consejeros mediante elecciones “populares”. Aunque suena democrático, en la práctica abriría la puerta a campañas controladas por los partidos mayoritarios.
Convertir a los árbitros en actores políticos financiados por estructuras partidistas destruye la imparcialidad, base de elecciones competidas en las últimas décadas. Lejos de fortalecerlo, se busca un INE dócil, alineado al poder, donde la independencia de criterio se sustituya por lealtades partidistas.
Las implicaciones
Un Congreso sin representación real de las minorías y un árbitro electoral debilitado pavimentan el camino hacia un sistema donde un partido dicte las reglas del juego.
La democracia mexicana, construida con décadas de luchas ciudadanas, correría el riesgo de regresar a la hegemonía que tanto costó superar. En el fondo, el discurso de austeridad y eficiencia es una fachada y el “ajuste” propuesto, es una apuesta por desmantelar los contrapesos, centralizar la autoridad y normalizar la exclusión política.
La democracia no se mide por el número de partidos que existen, sino por las condiciones de competencia y, si se borran los mecanismos de representación proporcional y se captura al árbitro electoral, lo que queda es simulación.
Frente a esta ofensiva, la oposición ha planteado una ruta alterna de reforma que busca reforzar el pluralismo y acotar los excesos de las élites partidistas.
Un primer eje plantea la defensa de la representación proporcional, concebida para evitar que un partido con mayoría simple capture al Congreso. Este mecanismo es clave para garantizar que todas las fuerzas políticas, incluso las minoritarias, tengan voz y voto en la agenda nacional.
Otro aspecto es limitar los privilegios de las cúpulas partidistas, reduciendo la discrecionalidad en la designación de plurinominales y estableciendo mecanismos de selección más transparentes, con mayor peso para militantes y ciudadanía; con listas que reflejen la pluralidad interna y no solo los intereses de las dirigencias.
También incluye reglas más estrictas para el acceso a medios y financiamiento, de modo que la contienda electoral no dependa del poder económico ni de la propaganda desmedida. El objetivo es equilibrar el terreno, evitando campañas desiguales que favorezcan a partidos con mayores recursos.
El INE
La oposición plantea fortalecer su autonomía técnica y financiera sin someter a los consejeros a elecciones partidizadas. Apostando por procesos de selección más abiertos, con contrapesos reales y la participación de la sociedad civil.
En contraste con la visión oficialista, el árbitro no sería un actor político, sino una institución de garantías.
La constante en ambas propuestas, es que quienes pierden son los partidos satélite: PVEM, PT y MC., las rémoras que dependen del partido mayoritario.
Con la iniciativa de Morena les queda integrarse de manera orgánica o ser aplastados; con la de la oposición, perderían privilegios, apoyos discrecionales y las reglas laxas que hoy los mantienen en el escenario.
Para el PRI y el PAN el dilema es más agudo
Con la iniciativa de Morena, los liderazgos sumisos y cómplices de Jorge Romero o Alejandro Moreno tendrían futuro como comparsas dentro de una democracia simulada. Con la oposición, si quieren sobrevivir políticamente, estarían obligados a emprender un proceso real de refundación, abriendo sus estructuras a la ciudadanía.
Lo cierto es que la propuesta de Morena es la más peligrosa ya que representa una simulación de corte dictatorial. Eliminando, no solo la representación social, sino utilizando la CURP y datos biométricos como mecanismo de control gubernamental en los procesos electorales, lo que abre la puerta a un padrón manipulado y a un sistema de vigilancia político-electoral inaceptable en cualquier democracia moderna.
El país no puede caer en el juego de la simulación ni aceptar argumentos que, aunque suenan bien en el discurso, en la práctica destruyen las bases de la convivencia democrática.
Defender la pluralidad, los contrapesos y la autonomía electoral no es un capricho opositor: es la única manera de evitar que México regrese al autoritarismo disfrazado de modernización.
X: @diaz_manuel