El nacionalismo obradorista no es un inofensivo argumento para reafirmarse en el poder; mucho más que eso, constituye una manera de encerrarse en sí mismo frente al mundo; no se trata de defender la soberanía nacional de la amenaza extranjera, sino de blindar al régimen político de los valores y derechos universales. Por tal consideración, creen que el dictador Ortega de Nicaragua está en su derecho soberano de suspender elecciones. La democracia y sus fundamentos no son una opción; interna y externamente son una obligación. Elecciones justas, derechos humanos, legalidad, desconcentración del poder, rendición de cuentas, transparencia y libertad de expresión son consustanciales a la condición de un país democrático, a pesar de la embestida contra todo ello por los populismos que el descontento ha llevado al poder.
El nacionalismo obradorista es licencia para la impunidad, como queda de relieve en la manera con que el gobierno la invoca para blindar a los miembros del régimen en connivencia con el crimen organizado. La cancelación de la visa del hijo del líder moral despertó la ira del padre y la del régimen que se cubrió de dignidad nacionalista, con la falsa convicción de que significaba un ataque a la soberanía. En ese mismo afán se llega al extremo de ni siquiera investigar acciones criminales de miembros del régimen, a pesar de las evidencias y del control total que se tiene de la FGR. Es absurdo pensar en justicia ante la realidad del nuevo Poder Judicial Federal, sometido al régimen y bajo una creciente y desbordada corrupción.
El nacionalismo obradorista, puerta abierta a la mediocridad y explícito desdén a la academia, a la evaluación y al mérito, consecuente con el abandono presupuestal de la educación en todos sus niveles. La presidenta Sheinbaum —hija de una científica de carrera y ella misma con antecedentes académicos de calidad— habrá de sentir vergüenza por los resultados de la evaluación PISA; no parece porque para el régimen la causa todo lo vale. Por eso la madataria hace malabares en la mañanera para decir que el resultado no parece tan malo; siempre, en el esfuerzo de ver en las cifras del desastre el mejor reflejo. Al menos atrás queda el ridículo de los “otros datos”.
Como casi todas las políticas públicas de Morena, los resultados en educación son pésimos, se corrobora que el país bajo el obradorismo es fábrica de mediocres y de corruptos. En todos los rubros, la fotografía dice que estamos mal, pero peor resulta la película: la secuencia, la tendencia. Prácticamente en todos los indicadores comparativos de desempeño del país, México muestra un significativo deterioro.
Los ocho años de obradorismo son condena y debe destacarse que las malas cifras se han acentuado en los dos últimos años, a pesar de la elevada calificación presidencial en las encuestas convencionales.
Mala copia del de la presidenta fue el informe del presidente de la Corte, Hugo Aguilar; deja al descubierto la manera grosera como el engaño y la mentira se han instalado en la vida pública. La solemnidad del pasado se reemplazó por la farza en la celebración del primer aniversario de la destrucción del sistema de justicia nacional; prevaleció la demagogia, prueba del fracaso de la reforma constitucional al Poder Judicial y para la justicia mexicana, pero un éxito rotundo para el obradorismo en su pretensión de acabar con la última trinchera del régimen republicano: la división de poderes y la constitucionalidad de los actos de gobierno y de las decisiones legislativas.
México ha perdido muchas cosas. Entre otras, dos de significativa preocupación: el sentido de vergüenza de quienes gobiernan y el de indignación de los gobernados. El país está en estado de indefensión y queda para la reflexión si ya se ha tocado fondo y qué vendrá después del desastre que ahora somos. Confiar en el vecino es una apuesta de altísimo riesgo; allí está el caso de Venezuela, cuya riqueza petrolera ha sido tomada por asalto, como en los peores tiempos de su larga historia.
Inevitable el fin del régimen que obliga a repensar el porvenir en los mejores términos posibles. Buenas respuestas están a la vista, pero requieren de todos, incluso de quienes ahora mandan. La polarización conlleva inevitablemente exclusión y deja un sentimiento de encono difícil de superar.
El país ha visto comprometer los mínimos de la democracia; un mejor porvenir obliga a repensar la manera de recuperarlos al margen de la polarización y con claridad de rumbo.