La relación entre México y Estados Unidos atraviesa probablemente su momento de mayor tensión política desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum. No estamos frente a una ruptura diplomática, ni siquiera frente a una parálisis de la cooperación bilateral. Los gobiernos siguen hablando, intercambian inteligencia, coordinan operaciones de seguridad y mantienen en funcionamiento una integración económica imposible de desmontar de un día para otro. Pero sería igualmente equivocado confundir esa continuidad operativa con normalidad política.
Si estableciéramos una escala de 0 a 10, en la que 10 representa la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, considero que hoy nos encontramos en 7.5.
La cifra no deriva exclusivamente de la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. Esa decisión, tomada aisladamente, no bastaría para semejante diagnóstico. Como advertí en una colaboración anterior, una cancelación de visa no equivale a una acusación penal y, hasta ahora, no existe públicamente una imputación estadounidense contra López Beltrán derivada de ese hecho. Su importancia radica en que inserta directamente al círculo familiar de Andrés Manuel López Obrador dentro de una secuencia de presión que anteriormente había alcanzado fundamentalmente a gobernadores, funcionarios, alcaldes y otros integrantes de la clase política mexicana.
Andy es, por ello, el episodio más reciente. No es el origen del problema. El cambio comenzó antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. Desde entonces, un “estira y afloje” de varios episodios en donde el presidente Trump amenaza y articula acciones al tiempo que felicita y ejecuta sanciones mientras, de este lado, Sheinbaum evoca estrofas del himno nacional relacionadas con la profanación de la soberanía y la respuesta ante esa posibilidad, mientras se ofrendan delincuentes de bajo rango, se colabora más y a veces menos de lo solicitado por su homólogo estadounidense.
Ambos actores presentan a sus ciudadanos un escenario que, por momentos, pudiera calificarse compuesto por conductas y acciones “bipolares” o de escalada y descenso tensional, pero que, vistas a detalle, todas tienen una causa previa y un efecto subsecuente en el actuar de la contraparte.
Es en este devenir de cruce de espadas que, en junio de este año, Andrés Manuel López Obrador abandonó parcialmente el silencio que había mantenido desde su retiro y publicó una dura carta contra Trump, acusando a Washington de prácticas intervencionistas destinadas —según su interpretación— a debilitar al movimiento político que fundó. La disputa ya no era únicamente Sheinbaum-Trump. Comenzaba a convertirse en Washington frente al obradorismo.
Y entonces llegó Andy. Hace unos días, el 14 de agosto de 2026 Andrés Manuel López Beltrán hizo pública la revocación de su visa estadounidense.
No existe, hasta este momento, una explicación pública de las causas concretas. El Departamento de Estado mantiene la confidencialidad de los expedientes individuales y no ha anunciado una acusación penal contra él. Precisamente por ello, el error sería interpretar la cancelación como demostración de un delito. Pero el error contrario sería considerarla irrelevante.
Andy no es un funcionario cualquiera. Es hijo del expresidente, exintegrante de la dirigencia nacional de Morena y una figura que se prepara para competir electoralmente en 2027. Él mismo atribuyó la decisión a Marco Rubio y Christopher Landau y dirigió una carta directamente a Donald Trump. Sheinbaum calificó las revocaciones contra figuras políticamente expuestas como una forma de interferencia en los asuntos políticos mexicanos.
La Embajada estadounidense respondió sin mencionar específicamente a López Beltrán, pero sostuvo que Estados Unidos cancelará visas cuando considere que existen razones para hacerlo independientemente del titular o de sus opiniones políticas.
La reacción del obradorismo demuestra que el mensaje fue recibido como algo mucho mayor que un trámite migratorio. Morena anunció alrededor de 200 reuniones vinculadas con la defensa de la soberanía y José Ramiro López Obrador sostuvo públicamente que el objetivo último de Washington sería el propio expresidente.
Apareció además un elemento difícil de ignorar: Christopher Landau, subsecretario de Estado y antiguo embajador en México, publicó después de conocerse el caso, un mensaje provocador sugiriendo que el público se preparara para una siguiente parte del espectáculo. Horas después matizó el ambiente resaltando el carácter profundo y simbiótico de la relación bilateral. Esta combinación resume perfectamente la relación actual: Presión y cooperación. Advertencia y diálogo. Soberanía e interdependencia.
Pero ¿Por qué calificar la relación entre México y Estados Unidos con 7.5 y no 5?
Porque la fricción ya superó claramente las diferencias ordinarias entre vecinos.
Estados Unidos ha empleado simultáneamente aranceles, designaciones terroristas, revocaciones de visas, procesos judiciales, presión financiera y amenazas de empleo de fuerza militar para modificar conductas mexicanas.
Además, la presión se ha desplazado progresivamente: primero contra los cárteles; luego contra sus estructuras financieras; después contra posibles protectores políticos; posteriormente contra funcionarios electos; y ahora hasta el círculo familiar del fundador del partido gobernante.
La nota original sobre Andy advertía precisamente que el indicador decisivo no era la restitución de su visa, sino saber si la medida permanecería aislada o sería seguida por una segunda acción contra el círculo político o familiar del expresidente. Ese sigue siendo el indicador fundamental.
¿Y por qué 7.5 y no 9?
Porque, contra todo pronóstico, la relación institucional sigue funcionando. Este fin de semana, prácticamente al mismo tiempo que Morena endurecía su discurso por el caso Andy, el embajador Ronald Johnson celebraba el fortalecimiento de la cooperación en defensa y anunciaba el acceso de México al mercado estadounidense para adquirir drones. Sheinbaum, además, autorizó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a participar en Argentina en una conferencia internacional organizada con la DEA.
Los canales diplomáticos siguen abiertos. La coordinación de seguridad continúa. No se han retirado embajadores. No existen sanciones económicas generales contra el Estado mexicano. No se ha producido una operación militar estadounidense abierta y unilateral dentro del territorio nacional y la enorme integración comercial construida alrededor del T-MEC continúa funcionando.
Todo ello impide hablar de una relación cercana a la ruptura. Pero tampoco permite hablar de normalidad. El verdadero nombre del momento es: confrontación funcional.
México y Estados Unidos han llegado a una situación extraordinariamente peculiar: necesitan cooperar más que nunca mientras políticamente confían menos el uno en el otro.
Washington considera que la amenaza de los cárteles mexicanos tiene dimensiones de seguridad nacional y aparentemente está dispuesto a utilizar herramientas que anteriormente reservaba para escenarios considerablemente más extremos.
México acepta buena parte del diagnóstico criminal, combate a esas organizaciones, entrega narcotraficantes, comparte inteligencia y despliega fuerzas, pero rechaza la consecuencia política que Washington pretende derivar de ese diagnóstico: el derecho estadounidense a determinar cómo, cuándo y contra quién debe actuar el Estado mexicano.
Ahí se encuentra el núcleo de la tensión. La revocación de la visa de Andy López Beltrán no crea esa confrontación. La revela.
Por primera vez desde el regreso de Trump, la presión estadounidense ha llegado directamente al núcleo familiar de Andrés Manuel López Obrador y ha provocado una reacción institucional de la presidenta, una reacción partidista de Morena y una respuesta del propio entorno familiar del expresidente.
Por eso la relación se encuentra hoy en 7.5 sobre 10.
Todavía existe un considerable espacio antes de una crisis diplomática propiamente dicha. Pero el margen se está reduciendo. Una acusación judicial pública o una medida financiera contra Andy; una acción equivalente contra otro integrante de la familia López Obrador; nuevas imputaciones contra dirigentes nacionales de Morena; una exigencia estadounidense acompañada nuevamente por amenazas arancelarias; o, sobre todo, una operación militar unilateral estadounidense dentro de México, podrían llevar rápidamente el indicador hacia 8.5 o 9.
El nivel 10 comenzaría cuando alguno de los dos gobiernos concluyera que ya no puede administrar el conflicto dentro de los mecanismos ordinarios de la relación: retiro de embajadores, suspensión sistemática de cooperación, ruptura de acuerdos fundamentales o, finalmente, ruptura formal de relaciones.
Aún no estamos ahí. Pero desde octubre de 2024 hemos recorrido demasiado camino en esa dirección como para tratar cada nuevo episodio como un hecho aislado.
La pregunta central ya no es solamente por qué Estados Unidos retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán. La pregunta estratégica es otra:
¿Hasta dónde está dispuesto Washington a llevar su ofensiva contra las redes políticas que considera vinculadas, directa o indirectamente, con el crimen organizado mexicano, y hasta dónde podrá acompañar Claudia Sheinbaum esa ofensiva antes de que la defensa de la soberanía nacional y la supervivencia política del obradorismo entren definitivamente en contradicción con la cooperación con Estados Unidos?
La respuesta a esa pregunta determinará si 7.5 fue el techo de la crisis o apenas la antesala de una confrontación bilateral considerablemente más profunda.