Ayer en la mañanera, me quedé pensando en un detalle que parece menor y creo que no lo era: el impulso a pagos digitales en combustibles y (y la mención de su impulso en carreteras). Detrás de ese anuncio hay una pregunta más grande: cómo modernizar sin dejar a medio México fuera.
Durante años se nos dijo que modernizar era privatizar, y bajo esa lógica se desmontaron o debilitaron instrumentos públicos que hoy vuelven a cobrar sentido. Quizá ahora la discusión sea otra.
A veces se diseña política pública como si México fuera únicamente la economía formal. Pero no.
México también paga en efectivo.
En un país donde más de la mitad del trabajo ocurre en condiciones de informalidad, pensar una transición digital sin mirar a la economía popular sería diseñar para un México que no existe. La discusión, en realidad, no pasa por oponer tecnología y efectivo. No se trata de romantizar uno ni sospechar automáticamente de la otra. Se trata de no cargarle la mano, una vez más, a quienes menos tienen.
Bien diseñada, la digitalización puede reducir costos, ampliar acceso y acercar instrumentos financieros a sectores históricamente excluidos. La creación y expansión del Banco del Bienestar —como respuesta a un esquema que hacía negocio incluso con el pago de apoyos sociales— muestra además que la inclusión financiera puede pensarse desde lo público, no solo desde la lógica bancaria tradicional. Existe una apuesta por entender ciertos servicios financieros como infraestructura social y no solo como negocio.
Y quizá ahí está lo más interesante del debate. No tanto un descuento por operación —modesto en sí mismo— sino la idea de que la inclusión financiera también puede pensarse desde capacidades públicas. También hay una dimensión de soberanía en esto: que el Estado construya instrumentos propios para proteger a las familias frente a presiones externas no es un detalle técnico, es parte de una idea de país.
Que la tecnología sirva para ampliar derechos y no para reproducir privilegios también tendría que ser parte de esa discusión.
México también tiene memoria financiera.
El recuerdo del Fobaproa sigue ahí, no solo como episodio económico, sino como símbolo de una época en la que muchas veces se socializaron pérdidas y se privatizaron ganancias. Se protegió primero al sistema antes que a las personas.
México ha normalizado costos financieros que en otros contextos serían impensables. Y no es un tema menor. En un mundo atravesado por inflación, tensiones geopolíticas y guerras que repercuten en precios cotidianos, incluso el lugar del efectivo como resguardo para muchas personas merece pensarse con seriedad.
Tampoco es casual que desde hace tiempo sectores progresistas hayan cuestionado esas inercias y el modo en que el sistema financiero suele cargarle la mano a quienes menos margen tienen.
Tal vez por eso conviene mirar esta discusión más allá del anuncio puntual. No como una disyuntiva entre pasado y futuro, sino como una pregunta de diseño público: cómo ampliar inclusión sin desplazar realidades sociales; cómo digitalizar sin desconocer que buena parte del país sigue operando en efectivo; cómo modernizar sin convertir la modernización en una nueva barrera.
No todo se arregla subsidiando.Pero tampoco por digitalizar todo.
A veces gobernar también consiste en construir instrumentos.
De otra manera, corremos el riesgo de modernizar procedimientos dejando intactas exclusiones viejas. Y en un país marcado por desigualdades profundas, el desafío no es escoger entre efectivo y tarjeta. Es lograr que la modernización se parezca al país real.