El discurso de la autoproclamada 4T se agota día a día. Hace algunas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en la plancha del Zócalo que la soberanía de México no era un asunto negociable, y que lo de Rubén Rocha Moya no era otra cosa que un elemento de la “ultraderecha” para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región; como si efectivamente, el objetivo del Departamento de Justicia no fuese la persecución de criminales sino el derrocamiento de gobiernos de izquierdas.
Los voceros del oficialismo se deshicieron en acusaciones contra la gobernadora panista Maru Campos por haber supuestamente permitido que agentes de la CIA operaran en Chihuahua sin el aval del gobierno federal. La tildaron de todo, y si se viviese en el siglo XIX, la habrían fusilado por “traición a la patria”.
Sin embargo, ante la evidencia de que Marina del Pilar Ávila se ha ofrecido para colaborar con el gobierno de Estados Unidos a cambio de negociar que reculen en su decisión de la revocación de su visa y una posible solicitud de extradición, la jefa del Estado mexicano, en un acto más de incoherencia, ha mirado hacia otro lado. Otros propagandistas han argumentado que los audios pueden prestarse a “diversas interpretaciones”. Es una tomadura de pelo a la vista de todos.
La realidad es que la gobernadora está dispuesta a traicionar a los bajacalifornianos, a la presidenta Sheinbaum, a su país y a su movimiento para obtener la concesión más favorable frente al gobierno de Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.
¿Cuándo se pondrá un alto en México a la impunidad, a la desvergüenza, a la ilegalidad y al reino del crimen organizado? ¿Cúando verán los mexicanos a un miembro de la clase política pagar por sus crímenes? ¿O se deberá esperar eternamente a que el Tío Sam intervenga y ponga orden en su vecino del sur?