Vale la pena reproducir textualmente la publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 6 de agosto de 2025:
“México registra récord con más de 23 millones de empleos (formales) en julio. Por primera vez formalizamos ante el IMSS a 1.2 millones de trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Es, quizá, una de las reformas más importantes, no sólo de nuestro país, sino en el mundo.”
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), por su parte, publicó lo siguiente:
“La incorporación al Régimen Obligatorio del IMSS durante el mes de julio registró el incremento mensual más alto de la historia con 1 millón 266 mil 025 empleos, para situarse en 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo. Esto como resultado de la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de plataformas digitales”.
La principal crítica que se ha hecho ante el dato envidiable de la tasa de desempleo en México –que ha oscilado entre 2.5 y 2.7 por ciento en los últimos 12 meses– es la estructura laboral, haciendo especial énfasis sobre la preponderancia del trabajo informal en el total de la población ocupada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por INEGI, la tasa de informalidad, en junio de 2025, se ubicó en 54.8%.
Con la incorporación a la formalidad de los trabajadores de las plataformas digitales la tasa de informalidad estimada se reduciría a 52.7%, un índice que a pesar de su mejoría parece poco satisfactorio. Sin embargo, no lo es tanto si se considera que la tasa promedio de informalidad del primer trimestre de 2006 al último trimestre de 2018 fue de 58.2% y que la tasa estimada se va a ubicar muy por debajo del último punto de la línea de tendencia:
La cifra de incorporación al empleo formal provocó críticas, entre ellas, que no fue resultado del crecimiento natural de la economía, lo cual es cierto. No obstante tanto la presidenta como la STPS advirtieron que el crecimiento del trabajo formal fue consecuencia de la incorporación masiva de los trabajadores de plataformas digitales al IMSS.
Otro señalamiento es que la incorporación fue obligada y que con ello se había roto la flexibilidad del mercado laboral de las plataformas digitales, lo cual en lo sucesivo podría impactar en la evolución de su crecimiento; además de que la formalización reducirá ingresos, especialmente, por las aportaciones que se les descontará a los trabajadores para el IMSS; o en el caso de plataformas digitales como Uber, DIDI y Rappi que se generará un cambio en el régimen fiscal que obligará a pagar más impuestos, aun cuando ya se aclaró que no va haber cambio en el régimen de tasas impositivas.
La reforma laboral trata en lo posible de no anular la flexibilidad, ya que no contempla horarios fijos ni jornadas de trabajo; lo más importante es que busca ampliar la calidad del empleo con el acceso al IMSS, las aportaciones al INFONAVIT, el pago de vacaciones y aguinaldos, la participación de utilidades y el potencial derecho a pensión para aquellos trabajadores, cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores al salario mínimo. Los que obtienen menos del salario mínimo seguirán siendo considerados como trabajadores independientes. En ambos casos contarán con mecanismos de protección ante riesgos de trabajo; que es del todo indispensable para los que se emplean en plataformas digitales.
Más allá de los 180 días de prueba para evaluar el funcionamiento, el impacto en el mercado y las adecuaciones que se le deban hacer a la reforma laboral, lo importante es analizar si fue correcta o no la intervención del Estado para regular a este segmento del mercado de trabajo. No es de dudarse de que con la reforma el mercado sufrirá cierto desequilibrio; sin embargo, surge la siguiente duda: ¿de verdad, lo más conveniente era mantenerlo en las condiciones que operaba: con bajos salarios, sin ningún tipo de prestaciones y sin siquiera contar con mecanismos de protección ante los inminentes riesgos que existen en este tipo de empleos?
Se podría argumentar que la alta demanda laboral en plataformas existe por la baja calidad de la mano de obra, lo que obliga a millones de personas a emplearse de cualquier manera. Argumento que se fortalece por las mediocres tasas de crecimiento de nuestra economía; sin embargo, el trabajo en plataformas digitales es un fenómeno global que se intensificó durante la crisis del COVID-19 para luego mantenerse en crecimiento en todas las economías del planeta.
Lo cierto es que por las razones que sean (por el crecimiento económico mediocre o por la baja creación de empleos de calidad) más de un millón de personas que laboran en plataformas estaban expuestas a sobreexplotación y a inadecuadas condiciones de trabajo. Ante este contexto deprimente, reitero: ¿el Estado mexicano debía cruzarse de brazos?
La mejor tradición del pensamiento económico concibe que el salario está influido por normas sociales con un alto contenido ético; es decir, que en la determinación del salario existe un conjunto de valores que están fuera de la simple oferta y demanda de trabajo. El precio natural del trabajo – decía David Ricardo – es aquel que posibilita sostener a los trabajadores y a sus familias. Esta sería la primera condición, pero se debe ir más lejos; es decir, se debe procurar una mejora continua en las condiciones de existencia de la clase trabajadora, que representa la mayoría abrumadora en todo los países del mundo. La presidenta Sheinbaum ha definido su estrategia salarial no a partir de la simple remuneración, sino a partir de una meta: que el salario mínimo represente 2.5 veces la canasta básica y no básica al concluir su sexenio. El logro no parece lejano si se aprecia la siguiente gráfica:
Es evidente que la meta del gobierno de la presidenta Sheinbaum para los que laboran a través de plataformas digitales difícilmente se cumpliría sin ese acceso a los servicios y prestaciones (sobre todo, del IMSS) y a otros servicios básicos que proporciona el Estado, generalmente, en forma gratuita o a precios de subsidio. La intervención del gobierno, en su caso, molesta más a las plataformas digitales que verán disminuir sus utilidades al tener que realizar aportaciones para las diferentes prestaciones. Volvemos a lo mismo, el salario no debe ser un simple resultante de coeficientes técnicos de operación, sino que debe estar condicionado por la ética de generar mejores condiciones de vida físicas y espirituales, lo que implica atemperar la sed de ganancia de los empleadores.
A quienes creen que es mejor dejar actuar a las fuerzas del mercado en la determinación de salarios (particularmente, en segmentos específicos, como el de las plataformas) la intervención del Gobierno Federal les podrá parecer inaceptable (todo un “metiche”). Sin embargo, desde la perspectiva constitucional nuestro Estado no es una entidad positivista; esto es, nuestro modelo es distinto: estamos ante un Estado democrático y social de derecho. Sobre esta base se puede concluir lo siguiente:
- La democracia más que una forma de gobierno o un estructura jurídica, debe considerarse como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. (Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
- No puede obviarse que la premisa básica es la vida y la práctica social, con el objetivo preminente de procurar la dignidad humana, sobre todo, para los sectores menos favorecidos en sus ingresos o condiciones de vida.
- El trabajo es un derecho humano fundamental, para lo cual, además del acceso, se requiere que el mismo sea digno, mediante remuneraciones y condiciones laborales justas.
La reforma laboral hace que el gobierno sea cercano al espíritu del texto constitucional porque se fundamenta en el derecho que tienen los trabajadores para alcanzar una vida digna. Queda la duda si instituciones como el IMSS cuentan con los recursos o con la capacidad suficiente para atender a las miles de personas (casi 1 millón 300 mil, por lo pronto) que se incorporarán a sus servicios y prestaciones, entendiendo que esto se debió haber previsto. De no ser así, las instituciones del Estado en aras de la conciencia colectiva deben tener la capacidad de adaptación y transformación para responder a la expectativa de cada mexicano de aspirar a una forma de vida cimentada en la dignidad humana.