Como estaba previsto, la Comisión Reguladora de Comunicaciones publicó el viernes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, sus lineamientos en relación con la supuesta defensa de las audiencias ante cualquier abuso o extralimitación cometida por un medio de comunicación.
Desde el primer anuncio sobre esta iniciativa del gobierno de Claudia Sheinbaum comentaristas y analistas políticos alzaron la voz para denunciar un aparente intento de censurar, en mayor o menor medida, lo que un medio de comunicación de radio o televisión pudiese decir en uno de sus programas. Los voceros de la 4T, como podía anticiparse, negaron cualquier señalamiento en torno a una posible acción dirigida a acallar voces disidentes.
Ahora bien, numerosos especialistas en telecomunicaciones han expresado sus preocupaciones en torno al documento hoy vigente. Sin el ánimo de desmenuzar todos y cada uno de los procesos contemplados, conviene destacar el aspecto que es, a mi juicio y al de muchos, el más alarmante:
El poder otorgado a un organismo público no autónomo.
De acuerdo con los lineamientos, la Comisión cuenta desde ahora con las prerrogativas de emitir sanciones en caso de que el medio de comunicación “no cumpla” con las recomendaciones expresadas por el defensor de las audiencias. Si bien, como han sostenido los de la 4T, éste será nombrado por el mismo medio, lo que evitaría - dicen ellos- cualquier intervención del Estado, la realidad apunta al hecho de que un organismo dependiente del Ejecutivo Federal será el “árbitro de última instancia” para resolver una eventual querella entre el quejoso y el medio.
En una democracia liberal, marcada por una libertad irrestricta de expresión, no cabe el Estado en materia de resolución de controversias, ni mucho menos, de imposición de multas. En adición, como bien se ha señalado, no se trataría de una censura que involucrase el retiro de la concesión pública, sino una simple acción que motivara la autocensura por parte de los que todos los días expresan sus puntos de vista, y que no querrán verse obligados a pagar por concepto de multa un porcentaje de sus ganancias. Bastará que las cabezas de los medios inviten a sus presentadores a “ser más cautelosos” en sus opiniones. Así las cosas.