El desafío Rocha Moya cuestiona los límites de la presidencia y desnuda la fragilidad de una Secretaría de Gobernación que parece haber dejado de anticiparse. Más allá de los liderazgos políticos, toda estructura institucional federal debe responder ante la presidencia, y más tratándose de un gobernador del mismo partido, así como de un conflicto que relaciona acusaciones en otro país. Las 36 horas más largas de una soledad anunciada dejaron claro que los viejos principios de disciplina que permitieron funcionar a los gobiernos, hoy están diluidos. Las viejas máximas de la hegemonía priista se regían por la institucionalidad. Dentro de tantos significados que tiene esa palabra, la política institucionalizada consistía en que la persona titular de la Secretaría de Gobernación se encargaba de toda la actividad de la política interna y de las movilizaciones sociales. Preveía y también controlaba. No había necesidad de comunicados o desplegados porque una llamada bastaba para que algo sucediera… o no.
Ese aparato ya no existe. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya de conspirar con el Cártel de Sinaloa. El 1 de mayo pidió licencia. Yeraldine Bonilla quedó como interina. Pasaron 112 días.
El viernes 21 de agosto, Rocha anunció su regreso en X. Sostuvo que la FGR no halló pruebas en su contra y llamó “patrañas” a las acusaciones estadounidenses. Esa misma tarde, la Secretaría de Gobernación lo contradijo: las carpetas de investigación siguen abiertas. La dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez calificó el retorno como una decisión personal. Morena y varios gobernadores de la 4T marcaron distancia. La presidenta se enteró por redes sociales, según lo declaró ella misma en su conferencia matutina de este lunes.
El sábado 22, Claudia Sheinbaum respondió en X. “El poder sin principios se vuelve arrogancia”, escribió. No mencionó a Rocha. La frase bastó. Menos de 36 horas después de su reincorporación, el gobernador volvió a pedir licencia, ahora con carácter indefinido. En la mañanera, la mandataria cerró el episodio con una línea seca: “No me parecía pertinente que regresara”.
El hecho es que la fuerza de la presidencia mexicana nunca residió del todo en la Constitución. Jorge Carpizo lo llamó poder metaconstitucional, consistía en que el titular del Ejecutivo mandaba porque encabezaba al partido y porque Gobernación operaba la disciplina desde el subsuelo. Ese andamiaje informal sostuvo al régimen durante décadas. Hoy quedan sus ruinas. Esa verticalidad permitió que un solo partido construyera una hegemonía y el estilo de política con el que se formó la clase gobernante.
Hannah Arendt separó dos ideas que solemos confundir. El poder brota del acuerdo colectivo. La autoridad se reconoce sin coacción y sin argumento. Cuando la autoridad tiene que explicarse, ya se perdió. Sheinbaum necesitó un tuit para recordarle a un gobernador de su propio partido dónde terminaban sus límites. Ese tuit fue la prueba de una falla.
El desafío de Rocha Moya reveló algo mayor que la ambición de un hombre. Reveló el hueco que dejó una Secretaría de Gobernación sin capacidad para prever ni para contener. La disciplina priista era autoritaria y opaca. También era eficaz. La 4T heredó el carisma de su liderazgo, pero no la maquinaria y los principios o formas que lo blindaba. Los límites de la presidenta los trazó la ausencia de quién debía anticiparlos.
No digo que ese viejo estilo deba volver. Digo que cada parte sabe muy bien lo que hacía y lo que significa ignorar la figura de la presidenta. Lo que sostengo también es que hay estructuras de poder que parecen acéfalas y aquello, lejos de cuidar al país y a sus instituciones, expone a la titular del Ejecutivo y dibuja la anarquía en un partido, aún mayoritario, así como en las estructuras de un gobierno que prometió ser transformador y que, por el estándar moral autoimpuesto, no tiene permitido fallar.