Ante un mundo global interconectado por los avances tecnológicos que diariamente van en aumento, es una gran oportunidad para trabajar en el desarrollo sostenible de los pueblos y de las naciones, respetando la soberanía de los países.
Cuando las y los gobernantes violan derechos humanos de sus gobernados, así como los derechos de habitantes de otras naciones, al no tener la capacidad de controlar a los criminales de sus pueblos, se da el traspaso fronterizo de delitos como la trata de personas y el crimen organizado. Así como pasa en México y otros países. “En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga”.
“Una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos, afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe Mundial sobre las Drogas”, (UNODC, 2025).
El respeto a los derechos humanos de las personas, no son favores o concesiones otorgados por las autoridades de los gobiernos de las naciones, su obligación es protegerlos, garantizarlos y hacerlos efectivos.
La gran responsabilidad de las y los gobernantes; de las y los servidores públicos que se contratan para servir a las personas es fundamental, es su deber y obligación respetar los derechos humanos, pero muchas veces su incapacidad los obstaculiza.
Existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), Convención de Palermo, instrumento internacional que aborda problemáticas globales, como el tráfico ilícito de migrantes, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación y esclavitud de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, así como la explotación y el comercio sexuales internacional, entre otros delitos graves.
Hace casi 26 años se dio a conocer este instrumento internacional en Italia, dejando en claro que, si los delincuentes y delitos traspasan fronteras, las leyes también tienen que hacerlo para combatirlos, no se quedarán solo con el actuar de las autoridades y gobernantes a nivel nacional, se tendrá que hacer de forma internacional.
La sociedad incivil tendrá que ser combatida por las leyes nacionales e internacionales, en beneficio de las personas y familias que son víctimas de los delitos transnacionales, realizados por delincuentes que han aprovechado la globalización del siglo XXI.
Estados Unidos ha advertido sobre las problemáticas persistentes y que van en aumento; que no se minimice el poder de la nación aún más fuerte a nivel mundial encabezada por el presidente Donald Trump.
Los gobernantes a nivel mundial tienen que trabajar coordinadamente para avanzar en la eliminación de conductas delictivas, impulsar la economía de las naciones, la riqueza cultural y turística, hermandad de los pueblos, trabajar en la equidad de género y en la justicia social, de forma transversal y multidisciplinaria por el avance del desarrollo sostenible, respeto a los derechos humanos para llegar al bien común.