En Hidalgo, diciembre no llegó con luces ni villancicos, sino con motores encendidos. El gobierno estatal lanzó una licitación para arrendar 80 autobuses del Tuzobús, y a primera vista parecía un trámite más del discurso moderno: movilidad, eficiencia, sustentabilidad. Pero debajo del barniz del cambio hay piezas que se mueven solas, con demasiada precisión, como si alguien ya supiera el final del juego.
La licitación pública EA-913003989-N879-2025 apareció el 27 de noviembre, casi sin ruido, con un calendario que haría sonreír a cualquier fabricante de milagros: 38 unidades de 50 pasajeros deben entregarse antes del 30 de enero y las 42 restantes antes del 31 de marzo. Fabricarlas, equiparlas y entregarlas en ese plazo es —según las propias empresas concursantes— materialmente imposible. Ninguna armadora en el país podría cumplirlo, salvo que alguien hubiera recibido la invitación mucho antes que el resto.
Durante las juntas de aclaraciones, Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz lo dijeron con todas sus letras: los tiempos son inalcanzables, las especificaciones están hechas a la medida de un solo proveedor y el plazo de cinco días para presentar ofertas viola hasta la aritmética legal. Las bases exigen puertas de 900 milímetros —cuando el estándar internacional es de 750—, una condición que deja fuera a casi todos los modelos disponibles en México. “Solo un proveedor puede cumplir”, dijeron. Y cuando todos señalan lo mismo, ya no es sospecha: es patrón.
El proceso, además, no solo huele a prisa: huele a pasado. Entre los participantes figura Rommify Capital SA de CV, constituida en el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socios o accionistas principales a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, a Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses, y firmados por el entonces oficial mayor Martiniano Vega, hoy vinculado a proceso por peculado y uso ilícito de atribuciones. Su aparición en esta licitación no es casual, como tampoco lo es la participación de Jet van, compañía inhabilitada en otros estados por entregar unidades usadas y en mal estado. Es decir, se cambió el nombre, pero no el modelo.
Entre otros datos curiosos, Rommify Capital SA de CV cuenta con una cartera de contratos que abarca desde patrullas hasta camionetas del DIF estatal, y otras entidades del estado de Hidalgo, al parecer ya es una vieja conocida de la Oficialía Mayor, la misma que hoy encabeza Edgar Orlando Ángeles Pérez.
En la terna final por su puesto no puede faltar la propuesta de Rommify Capital quien en su oferta presentó un monto de $662 millones, el más alto de todos, pero también el más cercano al poder.
En la misma lista de jugadores, aparecen Forza Arrendadora y Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles.
La sesión de aclaraciones se realizó de noche, entre las 9:30 y 9:55 pm, como si la transparencia tuviera horario de oficina. Se modificaron medidas, se extendieron plazos, se ajustaron condiciones. Todo rápido, todo exacto. No hubo estudio de mercado visible, ni explicación sobre por qué se exige una sola marca, una sola carrocería, una sola puerta de entrada. Si el espíritu de la competencia es abrir el mercado, aquí lo cerraron con llave.
El fallo está programado para este lunes 15 de diciembre a las 11:45 am. Y mientras la Oficialía Mayor presume austeridad por cancelar fiestas navideñas, nadie habla de los más de 600 millones de pesos que podrían adjudicarse bajo condiciones tan opacas que ni siquiera el transporte público podría seguirles el paso.
Dicen que el cambio en Hidalgo ya está en marcha. Tal vez sí. Pero entre autobuses imposibles de fabricar, empresas recicladas del sexenio pasado y nocturnas sesiones de aclaración, lo único que se mueve rápido aquí son las viejas prácticas.
El discurso oficial habla de movilidad sustentable.
Lo que parece moverse, más bien, es la frontera entre la legalidad y el favoritismo.
Y al final, la pregunta que nadie quiere responder:
¿Quién conduce realmente el Tuzobús… El gobierno o los mismos de siempre con otro uniforme?