La negativa del Congreso de Campeche a autorizar un endeudamiento superior a los mil millones de pesos que solicitó la gobernadora Layda Sansores sin presentar una justificación clara sobre el destino de los recursos, abrió algo más que un debate técnico sobre finanzas públicas, encendió una alerta política en momentos especialmente sensibles para el obradorismo y sus redes de poder.
El intento de endeudamiento ocurre en un contexto de creciente escrutinio nacional e internacional sobre los flujos financieros vinculados a figuras clave de Morena. La cercanía política —y personal— de Sansores con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a que actores políticos y analistas interpreten la maniobra como algo más que una simple gestión presupuestal: para muchos, se trata de un intento por obtener recursos frescos en medio de una presión financiera cada vez más intensa sobre el movimiento gobernante.
EU mantiene vigilancia
No es un dato menor que de manera paralela autoridades estadounidenses, en particular el Departamento del Tesoro, hayan intensificado la vigilancia sobre operaciones financieras presuntamente relacionadas con lavado de dinero y financiamiento irregular. Reportes periodísticos han señalado la intervención y supervisión de instituciones financieras como Intercam y CIBanco, ligadas —directa o indirectamente— a personajes cercanos al círculo más íntimo del obradorato.
Del mismo modo, investigaciones en curso en aquel país mencionan a familiares del expresidente, incluidos sus hijos, por presuntos esquemas de financiamiento ilícito como el llamado huachicol fiscal, así como a empresarios favorecidos por contratos públicos como Amílcar Olán y exfuncionarios de alto nivel, como Adán Augusto López y, aunque hasta ahora no existen resoluciones judiciales definitivas, el cerco mediático y político cada vez es más estrecho.
En este contexto, destaca que el intento de endeudamiento proviniera de Campeche, uno de los estados con mayores índices de pobreza del país y con una capacidad financiera limitada. La falta de claridad sobre el destino de los recursos no solo encendió alertas en el Congreso local, evidenció tensiones internas incluso entre fuerzas políticas afines al gobierno estatal.
La decisión legislativa de frenar el endeudamiento sugiere que, más allá de la disciplina fiscal, existe una preocupación profunda por el posible uso político de recursos públicos en un contexto nacional marcado por la opacidad y la presión internacional.
La reacción de la gobernadora ante la negativa del Congreso terminó de confirmar esas sospechas: lejos de abrir un espacio de diálogo o rendición de cuentas, Sansores exhibió nuevamente un perfil autoritario y represor, intentando intimidar a sus propios legisladores.
El coordinador parlamentario José Antonio Jiménez Gutiérrez lo resumió con crudeza: “hay diputados que tienen miedo, mucho miedo”.
Layda, AMLO y una herencia política de poder personal
La trayectoria política de Layda Sansores no puede entenderse sin dos referencias centrales: su cercanía con López Obrador y el legado de su padre, Carlos Sansores Pérez, uno de los caciques priistas más representativos del sureste mexicano durante el siglo XX.
Durante décadas Sansores ha sido fiel aliada de AMLO. Su relación, más allá de lo institucional, se forjó en años de oposición y se consolidó con su incorporación a Morena. Durante el sexenio pasado, Layda fue una leal defensora del presidente, incluso en momentos de fuerte desgaste político.
Su cercanía se traduce en una narrativa de respaldo absoluto al proyecto obradorista. Como jefa del ejecutivo se asumió también como operadora regional del movimiento, replicando en su gobierno los estilos de confrontación, polarización y descalificación de adversarios que caracterizaron al discurso presidencial.
La relación entre Layda y AMLO tiene un antecedente clave: Carlos Sansores, padre de la gobernadora y mentor político del expresidente, fue gobernador de Campeche entre 1967 y 1973, encarnando un modelo de poder autoritario, centralizado y personalista.
El sansorismo dejó una huella profunda en la cultura política local, asociada al control férreo de las instituciones y a una escasa tolerancia a la disidencia.
López Obrador ha expresado públicamente su admiración por Sansores Pérez, a quien considera un precursor de la lucha social. Visión que ha servido para legitimar la carrera política de su hija, heredera de ese supuesto compromiso social.
La pregunta no solo es por qué Layda Sansores buscaba endeudar a Campeche, sino para quién y en beneficio de qué estructura política.
En un escenario donde los flujos financieros de Morena enfrentan una vigilancia internacional inédita y crece la presión sobre figuras clave del movimiento, el intento fallido de obtener recursos plantea un debate incómodo sobre el uso del poder local como caja de respaldo para sostener proyectos políticos nacionales.
Al decir no, el Congreso de Campeche puso un freno, y la reacción de la gobernadora confirmó que ese freno era necesario.
X: @diaz_manuel