Dice la teoría clásica que un elemento clave de cualquier Estado es el monopolio de la violencia como medio legítimo para imponer el orden y brindar seguridad a ciudadanos que además de compartir presencia dentro de un territorio, suelen pagar tributo y participar en dar legitimidad a quienes están facultados para ejercer tal violencia.
Nuestro país lleva años sumergido en la realidad de grupos paralelos con poder territorial suficiente para someter a la ciudadanía y ejercer violencia radical para cometer sus objetivos criminales y empresariales relacionado a drogas, extorsión, entre otros negocios
Es así que la seguridad pública suele medirse en cifras: detenciones, decomisos, tasas delictivas. Pero hay momentos que no se agotan en la estadística. El abatimiento del líder de uno de los cárteles más poderosos del país no es solo un episodio operativo; es un acontecimiento político profundo que reordena y reorganiza las fuerzas que controlan fácticamente varios territorios del país, especialmente en Jalisco.
Lo que está en juego no es únicamente la neutralización de un individuo, sino la disputa por la soberanía misma: quién ejerce, con éxito, el monopolio de la violencia en el territorio nacional.
Max Weber definió al Estado moderno como aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima. La palabra decisiva es “éxito”. No basta con reclamarlo en el texto constitucional; debe demostrarse en la práctica. Durante años, la expansión territorial y la capacidad armada de ciertas organizaciones criminales pusieron en entredicho ese monopolio. Bloqueos coordinados, control de economías regionales, imposición de normas paralelas y desafío abierto a fuerzas federales configuraron algo más que criminalidad: insinuaron una forma de soberanía competidora.
Desde la perspectiva de Michel Foucault, el poder no reside únicamente en las instituciones formales, sino que circula en redes, produce órdenes y administra poblaciones. Los grandes cárteles no solo trafican drogas; organizan obediencias, gestionan mercados ilícitos y, en algunos casos, median conflictos locales. Ejercen una gubernamentalidad criminal. En ese sentido, la acción del Estado no es solo represiva: es un intento por reordenar el campo de fuerzas, por impedir que esa gubernamentalidad paralela se consolide como normalidad.
La eliminación del liderazgo máximo envía un mensaje político referente a que la violencia armada no puede institucionalizarse fuera del Estado. En clave weberiana, es una reafirmación del monopolio; en clave hobbesiana, un gesto del Leviatán para evitar la fragmentación que conduce al estado de guerra difusa. Sin embargo, la pregunta central no es si el operativo fue exitoso, tácticamente lo fue y simbólicamente frente a los ataques y amenazas contra Omar García Harfuch también, la pregunta es si ese éxito puede traducirse en gobernabilidad duradera. Aunque al inicio, las reacciones puedan leerse como caos, a largo plazo en definitiva es el inicio para recuperar aquel monopolio de la violencia que parecía perdido.
Charles Tilly recordaba que la construcción estatal históricamente implicó competencia violenta por protección y extracción. Los Estados que sobrevivieron fueron aquellos capaces de ofrecer seguridad más eficaz y legítima que sus rivales. Si el Estado mexicano logra convertir este golpe estratégico en presencia institucional sostenida —justicia efectiva, administración local fortalecida, oportunidades económicas reales—, el episodio podrá inscribirse como un punto de inflexión. Si no, el vacío de poder tenderá a redistribuirse entre facciones, confirmando la tesis foucaultiana de que el poder no desaparece. Más bien, se reorganiza.
Por ello, el mayor riesgo no es la reacción inmediata del grupo criminal, sino la tentación de confundir un éxito coercitivo con una solución estructural. El monopolio de la violencia no se preserva únicamente con operativos; se consolida con legitimidad. Y la legitimidad no se impone: se construye.
Este momento ofrece al Estado una ventaja histórica. No solo para demostrar capacidad de fuerza, sino para recuperar autoridad moral y administrativa en territorios donde la ley había sido desplazada por la amenaza. El desafío consiste en transformar el acontecimiento en política pública, la victoria táctica en arquitectura institucional.
La soberanía, al final, no es una proclama sino una práctica cotidiana. Si el Leviatán ha hablado, ahora debe gobernar.