La presidenta Claudia Sheinbaum, en una más de sus desafortunadas intervenciones matutinas, aseguró ayer que el asunto del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, “tiene que ver con un delito, por el cual está juzgado”, y que “hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión [por parte] de un juez”.
En primer lugar, la jefa del Estado mexicano ha pretendido manipular el mensaje sobre la supuesta existencia de pruebas que habrían justificado que Ruffo haya sido enviado al Altiplano. Hay que recordar que, de acuerdo a la Constitución y al código penal, los delitos que se ciernen sobre el exgobernador acreditan, por ellos mismos, y sin necesidad de mayores evidencias, que la persona sea sujeto de prisión preventiva oficiosa.
En segundo, la presidenta se ha adelantado a lo que pueda resultar del caso Ruffo. A diferencia de lo que se ha hecho en el caso de Rubén Rocha, donde han insistido hasta el hartazgo en la necesidad de contar con “pruebas”, a pesar de la decisión de un jurado en Nueva York y de la letra del propio tratado de extradición. El régimen y sus propagandistas no le han concedido al bajacaliforniano el derecho de la presunción de inocencia. Sheinbaum, erigida en jueza, ha sentenciado al hombre de más de setenta años de edad, hoy acusado de ser el mayor huachicolero fiscal.
De igual manera, los propagandistas del morenismo han dado rienda suelta a toda clase de descalificaciones, insultos, denuestos y diatribas, e incluso han llamando asesino a un ciudadano mexicano que merece gozar de todos los derechos procesales. En cambio, y para vergüenza de toda la nación mexicana, hablan de “pruebas, pruebas y pruebas” en torno a un gobernador de Sinaloa que está libre, que luce feliz y que podría, si la vulgaridad del partido oficial se vuelve de proporciones bíblicas, regresar a la gubernatura de su estado.
No se sabe si Ruffo es culpable o inocente, ni tampoco el alcance de sus implicaciones en todo lo que gira alrededor de sus acusaciones. Deberá pagar por sus crímenes, si existen. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la doble vara del régimen obradorista es evidente, y que no ha hecho más que traslucir la corrupción, los pactos de impunidad y la defensa, desde las cúpulas, de individuos claramente sospechosos de estar envueltos en crímenes mayores como los impresentables Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, y desde luego, el que nunca puede faltar, Adán Augusto López, entre otros.