REFUTACIONES POLÍTICAS
En debates epistolares con mi amigo Gerardo Laviaga, expresa su desconfianza por los legislativos de mayorías absolutas. La dictadura de las mayorías a la que sólo se le puede oponer el control de los tribunales constitucionales. Mis argumentos son opuestos, afirmo que han sido, las asambleas legislativas, a lo largo de la historia las creadoras permanentes de los derechos humanos, como lo pruebo a continuación:
El pensamiento jurídico contemporáneo padece una amnesia tan complaciente como arrogante. En facultades de Derecho, foros multilaterales y columnas de opinión bienpensantes se predica un mito teológico: que los derechos humanos son esencias metafísicas inherentes a la “naturaleza humana”, y que su única salvaguarda legítima reside en el arbitrio moral de los jueces. Bajo esta catequesis neoconstitucionalista, el soberano es sospechoso de una barbarie congénita, las asambleas populares son tratadas como un estorbo y el juez, erigido en sumo sacerdote de los “principios”, aparece como el redentor indiscutible de la civilización.
Es una impostura mayúscula. Un despojo teórico articulado para vaciar a la historia de su materia viva: el conflicto social.
Los derechos fundamentales no nacieron en las plumas de magistrados preclaros ni brotaron de la nada para ser descubiertos en el éter por sabios togados. Histórica, material y genealógicamente, los derechos humanos han sido forjados, arrancados al poder y formalizados por asambleas constituyentes, parlamentos y congresos representativos. La judicatura rara vez fue la partera de las libertades; durante siglos fungió, más bien, como su trinchera más recalcitrante y conservadora.
La mitología liberal adora citar el derecho judicial anglosajón para sugerir que la libertad es obra de las cortes. Falso. En la Inglaterra de 1689, el Bill of Rights que puso fin al absolutismo de Jacobo II no fue una sentencia, sino un estatuto votado por el Parlamento de Westminster que consagró la soberanía parlamentaria, prohibió las penas crueles y proscribió los impuestos sin representación popular.
Un siglo después, el pueblo francés de 1789 no acudió a implorar justicia a los tribunales del Antiguo Régimen. Los parlements eran corporaciones endogámicas, castas de cargos comprados y hereditarios dedicadas a sabotear cualquier reforma popular o tributaria en defensa de sus prerrogativas estamentales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nació en el fragor de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Salón del Juego de Pelota, donde se inscribió que la ley es la expresión indiscutible de la voluntad general. Los jacobinos entendieron con lucidez el peligro del privilegio togado y redujeron al magistrado a “la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”. Sabían que otorgarle discrecionalidad a la toga equivalía a restaurar la aristocracia bajo el disfraz de la jurisprudencia.
El caso estadounidense desnuda todavía más la fábula. Mientras el Congreso de Filadelfia incorporaba las primeras enmiendas y, tras la Guerra Civil, el poder legislativo aprobaba las enmiendas reconstructoras, ¿cuál fue la respuesta de la Suprema Corte? En 1857, en el fallo Dred Scott, dictaminó solemnemente que las personas negras carecían de derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. Décadas más tarde, durante la era Lochner, esa misma corte invalidó más de doscientas leyes laborales dictadas por legislaturas estatales y federales. Invocando la “libertad de contratación” como un derecho sagrado, los jueces declararon inconstitucionales las jornadas máximas, las leyes contra el trabajo infantil y los salarios mínimos. Los derechos de los trabajadores nacían en el parlamento y morían asfixiados en los estrados judiciales.
Exactamente lo mismo ocurrió con el constitucionalismo social del siglo XX. El catálogo de derechos obreros y campesinos de la Constitución de Querétaro de 1917 (pionera mundial indiscutible) no provino de la inercia civilista de los tribunales del porfiriato. Nació del choque ideológico y la sangre de los delegados constituyentes que sentaron en el mismo recinto a obreros, campesinos y generales revolucionarios para quebrar el dogma absolutista de la propiedad privada y plasmar los artículos 3º, 27 y 123. Para la judicatura tradicional de la época, la huelga no era un derecho humano, sino un delito de conspiración contra el capital.
¿Cómo se operó la inversión? Tras el trauma fascista de la posguerra europea, la dogmática jurídica construyó una coartada perfecta: rehabilitó un iusnaturalismo secularizado que sembró la sospecha sistemática contra las mayorías parlamentarias y mudó las constituciones en “órdenes objetivos de valores”. Mediante la prestidigitación de la «ponderación», las cortes constitucionales contemporáneas se adjudicaron la potestad de decidir qué es justo, qué es digno y qué es democrático, por encima del voto popular.
El saldo está a la vista: una aristocracia togada que no rinde cuentas a nadie, blindada en un léxico críptico y paternalista, tutelando a la sociedad como si fuera una masa de menores de edad. Cuando una corte inventa o suspende normas pretextando que el legislador “omitió proteger la naturaleza humana”, no imparte justicia: perpetra una expropiación incruenta de la soberanía popular.
Los derechos no son dogmas teológicos grabados en el alma de los individuos esperando el conjuro hermenéutico de un tribunal; son conquistas políticas plasmadas en leyes por la acción soberana de las asambleas. Rendir culto a la judicatura como la única creadora y garante de los derechos humanos es comprar el relato de la oligarquía y capitular ante la tecnocracia togada. La tarea crítica exige desmantelar esa teología y devolver la primacía de la justicia al único espacio donde las libertades cobran sentido: el terreno ruidoso, conflictivo y soberano de la representación democrática: el Parlamento.