Uno de los momentos más importantes de la presidenta Sheinbaum, precisamente ahora que cumplió dos años de trabajo, fue salir con la frente en alto y decir, a los cuatro vientos, que el compromiso que signó con la sociedad se está cumpliendo al pie de la letra. De hecho, sabemos que resumió muchos datos y estadísticas con la conclusión de las acciones que —lo entendemos así— son reveladoras porque han resaltado algunas cifras donde el promedio, por mucho, superó al de otras administraciones. No cabe duda de que esa labor, con mucha determinación, es la esencia de la continuidad de las buenas labores que realizó Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, Claudia Sheinbaum sabe a la perfección que uno de los grandes y permanentes desafíos es el tema de la seguridad. Incluso, los instrumentos que captan los avances dan cuenta de ello.
Antes de entrar en más detalles, que son inherentes a la reconstrucción del tejido social, es fundamental decir que la política social y los programas de ayuda están inhibiendo las actividades al margen de la ley. Cuando hay soportes como ese, sumados al respaldo de becas, aumenta la capacidad del Estado para que el desarrollo fluya. Eso es lo que ha estado sucediendo a lo largo y ancho del país. Los mecanismos que maniobra el gobierno, en coordinación con las entidades, permiten elevar la calidad de vida. Hablamos de un modelo integral que ha dado muestras de que es efectivo, mayormente porque nace de la propia demanda de la ciudadanía. Todo eso, inclusive, representa un progreso dado que retrata las convicciones de un proyecto como el que encabeza Claudia Sheinbaum. Tanto así que, hace poco, supimos que estos servicios que presta el Estado son aprobados por la mayoría de la gente. Al encauzarla, efectivamente, nos damos cuenta de que son recursos que hay que mantener, pero sobre todo redoblar esfuerzos.
Entonces, los datos que conocemos, traducidos en acciones, nos dicen bastante como para tener un juicio más exacto de la realidad. En México, por ejemplo, se han disminuido sustancialmente los delitos de alto impacto. Eso, entre muchos aspectos más, se debe al buen manejo del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Él, en apego irrestricto a su labor, también ha influido en la disolución de grupos que operan al margen de la ley. Hablamos de prevención, pero también de mesas de construcción de paz que reciben la visita permanente de los gobernadores. Son, a propósito de ello, espacios idóneos donde el intercambio de información e inteligencia se cruza para fortalecer la colaboración. Con una estructura como esa, de hecho, una de las grandes estrategias que no dejan sola la labor de las autoridades locales es el Operativo Enjambre. Todos sabemos que se trata de un quehacer nacional que muestra mucha efectividad, sobre todo porque ha demostrado que, más allá de los colores partidistas, no hay impunidad ni titubeos en las más altas esferas de la política institucional.
Básicamente, esa labor, hace poco, se llevó a cabo en el municipio de Esperanza, Puebla. Incluso, los pormenores que describieron las autoridades estatales y federales dieron cuenta de la detención del alcalde y nueve personas más. De hecho, la administración que encabeza Alejandro Armenta, que trabaja eficazmente de la mano con Omar García Harfuch, emitió un comunicado donde conocimos los detalles. Dado que fue una noticia de alto impacto, luego de trascender que no habrá tolerancia ni con la corrupción ni con las actividades que infrinjan la ley, esto reivindicó que el Estado tiene el control de las instituciones para salvaguardar la seguridad, mayormente cuando la federación y las entidades se enfocan en objetivos prioritarios. Ese binomio, con toda la disponibilidad para enfrentar esos desafíos, tiene una razón muy poderosa de seguir por la vigilancia permanente.
En concreto, los mecanismos de evaluación —a la hora de hacer una consulta— nos sirven para saber el grado de efectividad que tiene el Operativo Enjambre. Esa estrategia, podemos decirlo así, se encuentra en su mayor punto de solidez porque se actúa con firmeza, determinación y compromiso social. De hecho, eso ha debilitado el flagelo de la corrupción en la política mexicana y, desde luego, para quienes tienen cargo de primer nivel. A ellos, luego de estudios de investigación e inteligencia, les han frustrado sus intereses al margen de la ley. Al constituirse esas irregularidades, efectivamente, hablamos de un trabajo coordinado no solamente entre la presidenta y las secretarías de seguridad, sino con los propios mandatarios estatales y municipales. Eso, desde nuestra columna de opinión, lo reconocemos públicamente como un acierto que seguirá rindiendo frutos. Por esa y por distintas razones, esto es una dinámica confiable que castiga a quienes están haciendo las cosas turbias en el servicio público.