He visto cómo volvieron a criticar a la ministra Lenia Batres y pensé lo mismo de siempre: no la atacan por lo que dijo, sino porque se atrevió a decirlo. Como si ser ministra de la Corte obligara a callar. Como si la Constitución borrara el derecho a opinar según el cargo. Esa táctica es vieja: desacreditar a la persona para evitar discutir la idea.
Lo que señaló no es novedad, aunque suene a dinamita: los medios tienen la obligación de informar con rigor. Y la réplica, tal como existe hoy, es un derecho con muchas oportunidades de mejora. Lo escucho desde hace décadas; lo debato desde 1994 en la academia, en foros legislativos, en la práctica profesional. Por eso no me sorprende y por eso coincido con ella. Existen razones de peso para afirmarlo.
Primero. Un periodismo sin rigor se convierte en propaganda. No orienta, no acompaña; se reduce a ruido. La libertad de expresión protege hasta el sinsentido —salvo las palabras injuriosas por sí mismas—, y así debe ser. Pero la libertad de información exige más: verificar, contrastar, corregir. No hay verdad absoluta, lo sé, pero sí hay veracidad. La doctrina la define como ingrediente esencial de la verdad, aunque no sinónimo. La veracidad exige honestidad profesional, no rumores disfrazados de hechos. Los rumores se investigan; si hay datos, se publican. En México esa frontera se borró. Opiniones disfrazadas de noticias, rumores convertidos en titulares, versiones interesadas repetidas hasta sonar a certezas. Ese terreno alimenta la posverdad, que es abono para la manipulación.
El Código Europeo de Deontología del Periodismo –quizá el principal estándar de ética periodística internacional– lo recuerda en su artículo 4: “La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los hechos y datos.”
Segundo. El derecho de réplica es la prerrogativa de toda persona aludida por informaciones inexactas y que la afecten. El mismo Código Europeo señala: en su artículo 10: “A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de comunicación, con el tratamiento informativo adecuado de manera automática y rápida, las informaciones y las opiniones que sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños”.
En México, la réplica está prevista de manera genérica en el artículo 6º constitucional. Pero remite sus alcances y su forma de ejercicio a una ley secundaria que abre la puerta a los problemas. Si un medio se niega, el afectado enfrenta un largo proceso judicial. Y la capacitación de jueces en la materia es insuficiente. Cuando llega la resolución, el daño ya circuló por pantallas, periódicos y redes. Lo que debía ser un remedio inmediato se convierte en trámite eterno. Cada negativa debilita la democracia. Cada demora fortalece la impunidad. La réplica no es un derecho menor: se complementa con la información para proteger el derecho de todos a estar informados. Estoy convencido: la Ley Reglamentaria del artículo 6º necesita cirugía mayor. Plazos cortos. Procesos claros. Sanciones firmes. Sin eso, seguirá siendo un derecho de papel.
Tercero. La ética no es un lujo, es el corazón del periodismo. Cuando los medios la abandonan, ganan clics, pero pierden credibilidad. Prefieren lo inmediato sobre lo verificado. El escándalo sobre la responsabilidad. El precio es alto: polarización, desinformación, desprestigio. La ética no es teoría abstracta, es práctica cotidiana; es frontera entre información y manipulación. Un medio que respeta esa frontera gana confianza, fortalece a la democracia. La ética no reduce la libertad: la expande.
El Código Europeo vuelve a recordarlo en sus artículos 3, 4 y 5: “Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural como la escuela. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes.
“Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de informaciones y opiniones y debe ser incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posiciones previas e intereses particulares.”
Lo digo sin rodeos: sin veracidad, sin réplica y sin ética, el periodismo no es periodismo. Es otra cosa. Y esa otra cosa no sirve a la sociedad. Con esos tres pilares, en cambio, la prensa cumple su misión: garantizar que la gente esté informada y pueda formar libremente su criterio.
@evillanuevamx