Hace poco más de dos lustros dejé de fumar. Para entonces, consumía hasta dos cajetillas diarias.
En la larga cadena de intentos fallidos que precedieron al definitivo, me dediqué a leer todo lo que pude sobre la naturaleza de la adicción. Quería entenderla para poder combatirla.
Recuerdo con particular claridad un libro: La diva Nicotina, de Iain Gatelly. Me sorprendió descubrir que el tabaco no solo se expandió con una velocidad extraordinaria por el mundo, sino que su historia está profundamente entrelazada con algunas de las grandes tragedias de la humanidad, como el comercio de esclavos.
Pero hay algo aún más inquietante: la facilidad con la que el tabaco se incrusta en las culturas. En muchos casos, basta una generación para que deje de ser una sustancia ajena y se convierta en parte de los mitos fundacionales de un pueblo.
La conclusión, desde entonces y hasta hoy, es clara: la nicotina es una sustancia profundamente adictiva. Y el negocio construido en torno a ella, en todas sus formas, ha generado algunas de las mayores fortunas del mundo.
Pero no es un mercado cualquiera. Su expansión global ha estado marcada por prácticas sistemáticas de engaño y encubrimiento. Basta recordar los juicios contra las grandes tabacaleras en Estados Unidos, donde se documentó que durante años ocultaron información científica que demostraba la relación directa entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón.
A partir de esa certeza, cambió el enfoque sobre el consumo de tabaco. Dejó de ser un símbolo de glamour —asociado al cine hollywoodense y a las grandes figuras que dominaron la pantalla— para convertirse en lo que realmente es: una sustancia dañina.
Ese cambio no fue espontáneo. Fue el resultado de años de evidencia científica, presión social y políticas públicas que buscaron limitar su consumo. Gobiernos y organizaciones destinaron recursos importantes para advertir sus riesgos, regular su comercialización y reducir su impacto en la salud pública.
Pero del otro lado siempre estuvo la misma fuerza: la industria tabacalera. Un poder económico que ha operado sistemáticamente para frenar, diluir o impedir cualquier medida que afecte su negocio.
En México, ese cambio se tradujo en una batería completa de políticas públicas: desde la prohibición de fumar en espacios cerrados y, más recientemente, en la mayoría de los espacios públicos, hasta la incorporación de advertencias sanitarias gráficas en las cajetillas. A ello se sumaron los llamados impuestos saludables, que encarecieron los productos y contribuyeron a reducir su consumo.
Sin embargo, a cada avance regulatorio que logró reducir el consumo —y, con ello, las utilidades de la industria— le siguió una respuesta predecible: la aparición de nuevos productos diseñados para evadir la regulación.
Cuando la evidencia hizo claro el daño del humo del cigarro, surgieron los cigarrillos electrónicos, que mantenían la provisión de nicotina bajo la promesa de eliminar el componente más visible del riesgo.
Después vinieron los vapeadores: dispositivos que ya no producen “humo”, sino “emisiones” —como gusta llamarlas la industria— cargadas de nicotina, natural o sintética. Con el tiempo, la evidencia técnica mostró que no eran una alternativa inocua: generan daños respiratorios comparables o incluso mayores, funcionan como puerta de entrada al consumo de cigarrillos y han extendido el llamado consumo dual.
Y cuando finalmente fueron alcanzados por la regulación, la industria volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: reinventarse.
Así que ahí vamos de nuevo.
Hoy, junto con el doctor Arturo Hernández Tapia, diputado por el Estado de México, presentamos una iniciativa para regular la nueva cara de la diva nicotina: las bolsas de nicotina.
Para quienes no las conocen, se trata de pequeñas bolsas de material sintético que contienen nicotina —en muchos casos sintética— y que se colocan entre el labio y la encía. Desde ahí, la sustancia se absorbe directamente a través de la mucosa, de forma más rápida y eficiente hacia el torrente sanguíneo que en otros mecanismos de consumo.
No estamos frente a un producto inocuo ni novedoso en su lógica. Las alertas ya están sobre la mesa: estos productos generan daños por sí mismos, y además funcionan como puerta de entrada al consumo de cigarrillos y al llamado consumo dual, que incrementa de manera significativa los riesgos a la salud.
Estamos seguros de que esta iniciativa verá la luz como una reforma a la Ley General de Salud que deje claro, de una vez por todas, que cualquier producto que la industria tabacalera lance para seguir promoviendo el consumo de nicotina deberá sujetarse a las mismas reglas que los cigarrillos.
Porque lo que estamos viendo no es innovación: es mutación. La llamada diva nicotina cambia de rostro, pero en el fondo es la misma hidra venenosa que se regenera una y otra vez para sostener un negocio basado en la adicción.
De lo que se trata es de anticiparnos. De construir una regulación que no persiga productos aislados, sino que sea capaz de responder a cualquier nueva forma que adopte esta sustancia altamente adictiva, siempre con un objetivo claro: proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y consumidores.
No se trata de limitar libertades. Se trata de garantizar que las decisiones se tomen con información clara y veraz, y de evitar que nuevas generaciones sean capturadas por estrategias cada vez más sofisticadas de la industria.