Hay decisiones judiciales que resuelven conflictos. Y hay otras que, sin resolverlos, terminan definiendo la conversación pública.
La suspensión concedida por la Suprema Corte al gobernador de Nuevo León, Samuel García, pertenece a la segunda categoría. No determina si el juicio político promovido por el Congreso local es válido o no. Tampoco establece si las acusaciones que dieron origen al procedimiento tienen sustento suficiente. Lo único que hace es detener el reloj.
Y, en política, detener el reloj también es una forma de decidir.
Desde luego, la figura jurídica existe por una razón. Las suspensiones buscan evitar daños irreparables mientras un tribunal analiza el fondo de un asunto. Nadie podría cuestionar la importancia del debido proceso ni el derecho de cualquier persona —incluido un gobernador— a una defensa plena.
Pero el derecho no vive aislado de la realidad.
La justicia también comunica.
Y el mensaje que recibe la ciudadanía es inevitablemente distinto al que leen los abogados.
Mientras la Corte estudia expedientes, la sociedad observa otra cosa: un gobernador que permanecerá en el cargo pese a enfrentar un juicio político impulsado por presuntas irregularidades en el ejercicio del poder.
Samuel García no llega a esta resolución con un historial político cualquiera.
Durante buena parte de su administración ha convertido los tribunales en una herramienta recurrente para enfrentar al Congreso, al Poder Judicial local y a sus adversarios políticos. Cada conflicto institucional ha terminado, tarde o temprano, en un expediente.
Hoy, una vez más, encuentra en la vía judicial el espacio que la política parecía comenzar a cerrarle.
En un país donde la credibilidad de las instituciones atraviesa uno de sus momentos más delicados, las resoluciones judiciales no solo deben ser impecables en términos técnicos; también deben ser capaces de convencer a la ciudadanía de que nadie recibe un trato distinto por el cargo que ocupa.
Y ahí la Corte enfrenta un reto enorme.
Porque la suspensión protege el proceso.
Pero también prolonga la incertidumbre.
La Corte suspendió los efectos del juicio político.
Lo que no pudo suspender fue la sospecha.
Porque cada día que transcurre sin una resolución de fondo alimenta la percepción de que los expedientes de quienes detentan el poder avanzan bajo reglas distintas. No importa si esa percepción es jurídicamente correcta; importa porque erosiona la confianza.
Y cuando la confianza se erosiona, pierde la institución.
Quizá el problema nunca fue conceder una suspensión.
El problema es que en México las resoluciones de fondo suelen llegar cuando el costo político ya pasó, cuando el cargo terminó o cuando el debate público encontró un nuevo protagonista.
Entonces la justicia deja de resolver.
Simplemente administra el tiempo.
Y una democracia difícilmente puede conformarse con tribunales que llegan tarde.
Porque la justicia tiene derecho a tomarse su tiempo.
Pero no tiene derecho a acostumbrar a los ciudadanos a esperar siempre cuando los expedientes involucran a quienes ejercen el poder.