REFUTACIONES POLÍTICAS
El fetiche legal de Occidente nació con una mentira poética: en 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos conmovió al mundo al elevar a la categoría de verdad evidente que “todos los hombres son creados iguales” y que su Creador los dotó de derechos inalienables. Sin embargo, detrás de la pluma deísta de Thomas Jefferson y el fervor providencialista de los colonos calvinistas, no latía un proyecto de emancipación humana, sino una refinada estructura de exclusión y blindaje oligárquico. El Dios que otorgaba aquella dignidad original resultó ser un dios asombrosamente selectivo: un Gran Relojero que justificaba el despojo de las naciones originarias y legitimaba el libre mercado de carne humana africana.
La gran paradoja del constitucionalismo estadounidense es que su andamiaje se construyó para traicionar su propio mito fundacional. Mientras la teología jurídica católica de la corona española ya había decretado en 1537 (Sublimis Deus) que los indígenas eran verdaderos hombres libres, y mientras la propia metrópoli británica abolió la esclavitud en todo su imperio en 1833, la república liberal anglosajona estiró la propiedad sobre seres humanos hasta 1865, resolviendo su contradicción mediante la carnicería de una guerra civil.
La explicación de este rezago histórico no es un fallo del sistema, sino su mayor éxito. En la Convención de Filadelfia de 1787, la lírica revolucionaria fue sustituida por la fría contabilidad del individualismo posesivo de John Locke. Presionados por el pánico a las mayorías desposeídas, los padres fundadores no diseñaron una Constitución para potenciar la democracia, sino para contenerla. Así nació una arquitectura institucional contra mayoritaria plagada de diques pretorianos: un Senado originalmente oligárquico, un Colegio Electoral diseñado como filtro aristocrático y una Suprema Corte vitalicia encargada de vigilar que la soberanía popular jamás tocara los privilegios de la riqueza. La libertad fue reducida a su dimensión puramente negativa y patrimonial: el derecho de los propietarios a que el Estado no interfiera con sus bienes.
Como bien profetizó Alexis de Tocqueville en 1835, el Norte abolicionista desnudó la esencia de esta farsa al inventar la exclusión en la libertad. El esclavo liberado dejó de ser propiedad, pero los resortes del poder local y las trampas registrales se encargaron de recordarle que jamás sería considerado un ciudadano. Se le concedió la existencia, pero se le extirpó de la Polis.
Esta farsa se prolongó casi dos siglos. Paradójicamente, en el país que se ha vendido al mundo como el baluarte universal de la libertad, la población negra no alcanzó la ciudadanía plena sino hasta 1965. No fue la Constitución de 1787 ni sus enmiendas postguerra las que les otorgaron la libertad real; fue la resistencia en las calles encabezada por Martin Luther King y la brutalidad del Estado expuesta ante el mundo lo que obligó a Lyndon B. Johnson a firmar la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act) de 1965.
Es decir, ¡tuvieron que pasar 189 años desde la Declaración de Independencia para que el diseño institucional estadounidense permitiera, a regañadientes, que un afroamericano fuera (reconocido, creado) igual a un angloamericano, y cruzara la puerta de una casilla de votación sin ser linchado o bloqueado por leyes locales!
La verdadera tragedia contemporánea no radica únicamente en la decadencia institucional de Washington, sino en la vergonzosa postración de la academia constitucional jurídica global. Es una absoluta desfachatez que los constitucionalistas liberales, los ideólogos del libre mercado y los autodenominados neoconstitucionalistas del siglo XXI sigan ponderando el modelo de 1787 como la piedra filosofal del Derecho. Venerar esa estructura no es ingenuidad metodológica, sino complicidad de clase. Elevar a dogma universal un pacto decimonónico diseñado para blindar privilegios oligárquicos es la coartada perfecta para que las cortes de hoy sigan disfrazando de “técnica constitucional” lo que en realidad es la tiranía del capital corporativo sobre la voluntad de los pueblos:
La Constitución norteamericana no es el faro de la libertad; es el manual supremo de la hipocresía plutocrática.
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