“El poder no necesita prohibir: le basta con decidir qué es moralmente aceptable.”
Michel Foucault
Hay discusiones que no admiten respuestas rápidas. La publicación de imágenes vinculadas con una tragedia —más aún cuando hay menores involucrados— es una de ellas. No es evidente ni automático ni indiscutible que se haya actuado bien. Tampoco lo contrario. La frontera entre informar y vulnerar es inestable, contextual y profundamente problemática.
Dudar, en este caso, no solo es legítimo: es necesario.
Por eso conviene decirlo desde el inicio: no es posible afirmar con ligereza que los medios hayan actuado correctamente. Existen razones para cuestionarlo. Existen marcos éticos, principios jurídicos y debates profesionales que obligan a examinar con cuidado ese tipo de decisiones. El juicio no es obvio ni unívoco.
Veamos: Fotos de menores sin autorización de los padres no deben publicarse porque eso, allí sí, además del debate sobre la inmoralidad o no, es ciertamente ilegal, y eso es algo que en México no se ha entendido. Eso es lo válido de la crítica de la presidenta: lo demás es debatible.
Debatamos: resulta preocupante que el poder pretenda clausurar la discusión convirtiendo una zona gris en un veredicto moral. Cuando desde la tribuna presidencial se acusa a medios específicos de falta de humanidad o de bajeza, ya no se está promoviendo un debate ético, sino ejerciendo autoridad simbólica. Se pasa de la duda razonable al señalamiento. Del análisis al reproche. De la deliberación al escarnio.
Ahí ocurre el desplazamiento central: la ética deja de ser una pregunta abierta y se transforma en un instrumento de orden.
Porque una cosa es preguntarse —como sociedad— si ciertas imágenes debieron publicarse, bajo qué condiciones y con qué resguardos. Y otra muy distinta es que el poder decida quién actuó bien y quién actuó mal, sin criterios claros, sin procedimientos, sin aplicar la misma vara en todos los casos.
La selectividad es clave. Si el problema fuera estrictamente ético, el estándar sería general. Sin embargo, la indignación aparece de forma focalizada, dirigida a ciertos medios y no a otros; a ciertas voces y no a todas. Eso revela que lo que está en juego no es solo el cuidado de las víctimas, sino la relación con la crítica.
El resultado es una operación más amplia: desplazar el centro del debate. Ya no se discuten decisiones públicas, advertencias previas o responsabilidades institucionales, sino la moralidad del mensajero. El contenido se vuelve secundario; lo central es la intención atribuida. La pregunta deja de ser “¿qué ocurrió?” para transformarse en “¿con qué derecho lo dicen?”.
En ese movimiento, la duda —que debería abrir conversación— se clausura. Y la ética, en lugar de funcionar como límite al poder, empieza a operar como su coartada.
No se trata, entonces, de defender a la prensa ni de absolverla. Tampoco de negar que existan errores o excesos posibles. Se trata de algo más delicado: de advertir que cuando el poder se arroga la facultad de decidir qué es moralmente aceptable decir, y quién puede decirlo, la discusión deja de ser periodística y pasa a ser política.
Porque una democracia no se debilita solo cuando se censura, sino también cuando se enseña que hay preguntas que conviene no hacer, dudas que es mejor no formular y zonas grises que deben resolverse desde arriba.
Y eso —más que la publicación de una fotografía, más que un encabezado discutible— es lo que debería inquietarnos.